El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles [11] una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para poner en marcha medidas para evitar que la adquisición “masiva” de hoteles de fondos de inversión repercuta de forma negativa a los salarios en el sector turístico.

La iniciativa, defendida por el diputado socialista Manuel Hernández, solicita que el Gobierno de Canarias encargue al Consejo Económico y Social de Canarias un informe sobre el impacto de la adquisición de establecimientos hoteleros en las islas, por parte de fondos de inversión, cuyos datos deben presentarse en el primer trimestre de 2026.

En esta línea, se pide que se analice específicamente el efecto en el valor añadido y parte del mismo que se retendrá en Canarias durante toda la vida de los proyectos financieros y en sus sucesivas ventas, descontando aquel que se anticipe vía ganancias de capital y se remunere fuera de Canarias, así como cualquier otro que no se retenga en Canarias directa o indirectamente.

También solicita que se analice la proyección de efectos en los salarios futuros durante toda la vida financiera de la inversión y sus sucesivas ventas, en análisis standalone o autónomo y referencial o comparado con hoteles con modelos financieros no-LBO, así como los posibles efectos económicos a medio y largo plazo sobre la economía de las islas, incluyendo el análisis de la filtración de valor añadido hacia fuera, y otros efectos, positivos o negativos, con especial énfasis en los salarios.

Además, la iniciativa insta al Gobierno de Canarias, una vez cuente con los datos del informe, a convocar a sindicatos y empresarios para analizar las posibles consecuencias sociolaborales y económicas derivadas de la adquisición de hoteles por fondos de inversión y propuestas de actuación si fuesen necesarias.

Para Hernández, el objetivo último es articular propuestas de actuación si fueran necesarias, porque, a su juicio, “si no lo hacemos, estaremos avalando un modelo extractivo que tiene como consecuencia inevitable beneficiar a unos pocos y empobrecer a muchos. Y eso no es ni justo, ni ético, ni aceptable. Al menos así lo creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista”.

Hernández recordó que en los últimos años se ha producido una masiva adquisición, por fondos de inversión, de hoteles en Canarias. Según el informe Colliers, desde 2020 han realizado adquisiciones por más de 3.200 millones de euros, y la inversión total viva de fondos de capital riesgo se estima entre los 4.000 y 5.000 millones.

Además, sólo en 2024 los fondos extranjeros invirtieron más de 600 millones de euros en hoteles en Canarias, situando a Canarias en la primera posición en compras de este tipo entre las comunidades autónomas. En la actualidad más de 100 hoteles y en torno a 40.000 camas en Canarias son propiedad de fondos de inversión, lo que supone que entre el 15 y el 20% del parque inmobiliario alojativo canario se encuentra en manos de capitales financieros, creciendo a una velocidad muy alta.

Para el Grupo Socialista, este cambio en la estructura de propiedad del turismo en Canarias presenta retos muy importantes que hay que abordar con urgencia, en especial las inversiones por fondos extranjeros presentan riesgos sociolaborales, fiscales y de sostenibilidad.

“Canarias no puede ser una plataforma logística del capital global que opere a costa de su gente, ni un decorado para la rentabilidad ajena. Canarias es su gente, y su gente merece un futuro digno. Tomemos decisiones pensando en ellos”, añadió.

En concreto, el diputado socialista alertó que hay que tener en cuenta que este tipo de operaciones de adquisición se realizan tratando de minimizar el capital invertido recurriendo a ingentes cantidades de deuda, con el objetivo de financiar la propia adquisición con los propios flujos de caja del activo adquirido –en el caso de Canarias, los hoteles–.

Así, los fondos de inversión aportan entre el 20 y el 30% del capital necesario para la adquisición, recurriendo en el resto a deuda, y los tramos de deuda intermedios y altos satisfacen intereses muy altos.

Desde el punto de vista fiscal, esto conlleva que los beneficios de los hoteles se reduzcan sensiblemente, al incorporar gastos financieros muy altos que reducen el beneficio hasta casi anularlo o tornarlo negativo. Desde el punto de vista sociolaboral, el enorme incremento de la deuda de los establecimientos hoteleros y la reducción de su beneficio por el pago de intereses hace que exista una mayor presión a la baja sobre los salarios para mantener la rentabilidad.

En un segundo momento, las entidades utilizan grandes cantidades de deuda con tipos de interés muy altos para reformar los establecimientos, reposicionarlos en el mercado y hacerlos más atractivos para su venta.

Esto produce una presión a la baja en los proveedores y los salarios, a efectos de recuperar la inversión (si el comprador es una entidad industrial) o mantenerla atractiva para una venta posterior (si el comprador es nuevamente un fondo). Además, en algunos escenarios y transcurrido un tiempo, cuando se afronta una situación de recesión económica, el titular en ese momento del establecimiento afronta grandes pérdidas al haber adquirido a precios altos, lo que lleva a una enorme presión sobre los costes laborales, sociales y el erario.

En última instancia, si la situación lleva a una quiebra deja unos numerosos costes sociales (infraestructuras degradadas, costes de desempleo, subvenciones para reflotar o para formar al personal…) frente a los beneficios anticipados, y desde un punto de vista de sostenibilidad fiscal, se pierden bases imponibles y recaudación a causa de la deuda.

Por su parte, Hernández apuntó que, desde un punto de vista sociolaboral, estas transacciones incrementan significativamente la presión a la baja en los salarios. Los estudios al respecto señalan que el personal menos cualificado –en un número significativo en estos sectores– ve sus salarios congelados o reducidos a causa de este tipo de operaciones frente a negocios que no son objeto de estas operaciones.

Por último, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, la alteración de la cadena de valor, así como la anticipación de beneficios, puede producir que dichos negocios generen burbujas o alteraciones del valor en el tiempo con socialización de pérdidas.

“Es cierto que este tipo de transacciones al invertir en la mejora de hoteles puede mejorar la rentabilidad, reposicionar a Canarias como destino, escalar a turistas de mayor gasto y menor impacto, pero esto no puede hacerse a costa de los trabajadores y trabajadoras o poner en peligro el futuro de la economía de Canarias”, apuntó.