Se trata de conocer la percepción que tienen los pasajeros y usuarios de determinados servicios con el objetivo de llevar a cabo una mejora continua de los mismos.

Los dispositivos están ubicados en filtros de seguridad, salas de recogida de equipajes y aseos.

Esta iniciativa está siendo implementada en 33 aeropuertos de la red de Aena donde se están instalando más de 500 medidores de percepción.

Los aeropuertos canarios han instalado recientemente cerca de una treintena de dispositivos para medir la percepción que tienen los  pasajeros y usuarios sobre la calidad de los servicios que ofrecen.

Se trata de dispositivos dotados con 4 botones de colores –que van del verde al rojo-, que se han ubicado en filtros de seguridad, salas de recogida de equipajes y aseos, donde el pasajero puede dejar constancia de su satisfacción por el trato o servicio recibido con solo pulsar uno de estos botones.

Los resultados de estas encuestas interactivas contribuirán a conocer de primera mano las necesidades de los usuarios. De esta manera, se  podrán identificar y modificar aquellos aspectos que afecten a la calidad de los servicios que se les ofrece día a día.

Este nuevo formato, conocido como “HappyOrNot”, resulta mucho más atractivo  para  los  pasajeros  que  las  encuestas  tradicionales, al ser planteado como un juego y realizarse de forma voluntaria, lo que favorece obtener además elevados niveles de participación.

El sistema, que ya se introdujo en 2014 a modo de prueba en los  controles de seguridad de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas  y Barcelona-El Prat, está siendo instalado en 33 aeropuertos de la red de Aena, con más de 500 dispositivos en total.




Los informes de calidad percibida elaborados a partir de este tipo de sistemas son una herramienta de gestión que permite a los aeropuertos decidir sobre las actuaciones a realizar en un futuro, con el fin de garantizar la prestación de un servicio que satisfaga las necesidades y expectativas de sus usuarios.

Las encuestas interactivas de medición de calidad de los servicios también están siendo utilizadas en la actualidad en otros aeropuertos internacionales como Londres-Heathrow, Roma-Fiumicino o Ginebra, así como en grandes superficies comerciales.

Solo uno corresponde a un caso en el que se ha comprobado que se utilizó uva de importación para producir vino de forma fraudulenta, lo que demuestra que el mal uso de uva importada en el Archipiélago es testimonial.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha iniciado un total de nueve expedientes sancionadores por infracciones en el sector vitivinícola en 2016, fruto de la estrategia para la lucha contra el fraude en esta actividad que está ejecutando el departamento, según informó hoy en rueda de prensa el consejero del área Narvay Quintero.

El responsable del departamento aclaró que de éstos solo uno corresponde a un caso en el que se ha comprobado que se ha utilizado uva de importación para producir vino de forma fraudulenta-ya que el resto de expedientes sancionadores se deben a otros incumplimientos de la normativa aplicable-, lo que demuestra, según remarcó, “que el mal uso de uva de importación en el Archipiélago es testimonial”.

“En el Consejo de la Viña y el Vino, celebrado el 29 de septiembre de 2016, el sector vitivinícola allí reunido informó de la baja producción de los viñedos en casi todas las zonas de producción, al mismo tiempo que denunció la entrada de uva en Canarias, solicitando que se reforzaran los controles pertinentes para evitarlo. En ese encuentro se aclaró que está permitida la importación de uva para producir vino sin Denominación de Origen Protegida y prohibido su utilización para producir vino con DOP y vino que se sirva en guachinches”, explicó Quintero.

“En un año en el que la cosecha de uva ha experimentado una reducción que ha variado del 30 al 80%, con una reducción media del 50% respecto al 2015, desde el Ejecutivo canario hemos querido poner en marcha una serie de medidas de apoyo a los viticultores del Archipiélago, entre las que se encuentran estos controles y otras acciones dirigidas a dar prioridad dentro del abono de la ficha adicional de POSEI a las ayudas a la viticultura, y solicitar una rebaja de la cantidad mínima de kilogramos por hectárea para percibir dichos fondos como excepción por condiciones climatológicas extraordinarias, además de convocar de forma anticipada la línea al PDR para promoción de estas producciones e incrementar en 100.000 euros la subvención para los Consejos Reguladores”, indicó el consejero.




A estas actuaciones se suma una acción más concreta para la isla de La Palma, afectada por la merma de la producción de uva y también por las pérdidas provocadas por el incendio de este verano. Así, el pasado mes de diciembre se convocaba la línea del Programa de Desarrollo Rural (PDR), dotada con 600.000 euros y dirigida a cubrir los daños provocados por desastres naturales o catástrofes. Estas ayudas servirán para la realización de inversiones tanto en explotaciones como en infraestructuras agrarias de titularidad pública o privada.

Atendiendo a las peticiones del sector, el Instituto ha realizado en el marco de dicha estrategia para la lucha contra el fraude, el control de las partidas de uva de vinificación importadas, que abarca importadores, distribuidores y bodegas, para detectar posibles fraudes. Es decir, se ha realizado un análisis de la trazabilidad de la uva desde que entra por los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) hasta su llegada a las bodegas.

Así, según informó el director del ICCA, José Díaz-Flores, se han llevado a cabo un total de 53 inspecciones en bodegas con el objeto de realizar un control integral de las mismas, en las que se han comprobado las materias primas utilizadas, las prácticas enológicas realizadas, los registros que están obligadas a llevar, el etiquetado, los parámetros físico-químicos del vino, etc. Además se han efectuado 443 controles de aforos, con el fin de controlar las existencias de vino en la bodega, antes y después de la vendimia, para contabilizar la producción, calificación y comercialización del mismo; y se han tomado 29 muestras para analizar las producciones con el propósito de comprobar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa y si los parámetros encontrados coinciden con lo declarado en el etiquetado.

Como comentó el responsable del Instituto, se han efectuado controles de la uva importada a partir de la información suministrada por los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF), que dependen de la Administración General del Estado. En este sentido, los PIF han remitido al ICCA un total de 42 notificaciones que confirman que se ha introducido un total de 595.051 kilos-577.260 en Tenerife, 68.432 en La Palma y 14.896 en Gran Canaria- a través de ocho importadores. Por variedades, esta cantidad se distribuye en 363.052 de Tempranillo, 164.597 kilos de Monastrell, 37.480 kilos de Macabeo, 16.613 de Tintorera y 13.309 de Syrah.

Para el control en distribución se realizaron seguimientos de la uva de vinificación importada desde los distribuidores hasta los clientes finales, es decir, las bodegas. Así, se controlaron 657 ventas que corresponden a 507.256 Kilos de uva, lo que supone el 88% del total de uva importada. En estas se comprobó las facturas y documentos de acompañamiento para detectar las bodegas que adquirieron la uva de importación y si se ha producido un fraude en su utilización. Las bodegas que adquirieron más de 5.000 kilos de uva importada fueron cinco, y 20- 19 sin DOP y una con DOP- las que compraron más de 2.000 kilos, las cuales fueron controladas en su totalidad con el fin de determinar si se estaba realizando una utilización fraudulenta de la misma. También se trasladó la información sobre los compradores de uva de importación al Cabildo de Tenerife para que comprobara si alguno correspondía o estaba asociado a un guachinche. Todas estas actuaciones de control se seguirán realizando a lo largo de 2017.

La Consejería de Educación, en coordinación con Confapa, se dirigió a los centros escolares para comprobar cuántos de los 469 comedores que operan en la actualidad incluían este pescado.

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, en coordinación con la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Canarias, Confapa, y los equipos directivos de los centros escolares, ha recabado la información relativa a los 469 comedores escolares del Archipiélago, con el resultado de que ninguno sirve panga en sus menús.

Con la intención de conocer la incidencia del consumo de este pescado en nuestros comedores escolares y poder adoptar las decisiones oportunas, en el caso de ser necesario, la Consejería solicitó a las direcciones de los centros y a Confapa, por el carácter activo de las familias en la elección de las comidas, información para conocer si en algún caso se sirve esta especie, ya fueran centros de gestión directa o a través de empresas de catering, siendo la respuesta negativa en todos los casos.

La Consejería entiende, por lo tanto, que no es preciso adoptar decisión alguna con carácter centralizado y recuerda que el modelo que existe en Canarias para la gestión de los comedores escolares es un modelo descentralizado, donde se otorga una gran autonomía a los Consejos Escolares para tomar sus propias decisiones, incluidos los menús.

Son estos Consejos Escolares, con representación del personal del centro, las familias y el propio alumnado, quienes adoptan las decisiones relativas a la mejor dieta para el alumnado y deciden sobre su composición y la inclusión o no de algún producto en concreto, como es el caso del panga, con el resultado ya descrito de que ninguno de ellos ha incluido esta especie en la alimentación que se ofrece a través del servicio de comedores escolares.

Las únicas limitaciones a esta libertad de decisión son las recogidas en la ORDEN de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y se establecen las bases de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal, relativa a la contratación externa de los comedores escolares y en las Resoluciones que se dictan cada año, para el mejor funcionamiento y organización del servicio.




Así, con fecha 19 de junio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la Resolución de 1 de junio de 2016, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los Comedores Escolares de los Centros Docentes Públicos no Universitarios para el curso escolar 2016-2017 y planificación para el curso escolar 2017-2018. En la Instrucción número 7 de dicha Resolución se establece lo siguiente:

“7.8. Con carácter general deberán tenerse en cuenta los objetivos números 167 (“todos los colegios con comedor ubicados en zonas donde exista un alto nivel de flúor en el agua, dispondrán de agua no fluorada para la preparación de la comida y para el agua de consumo”), 171 (“los colegios con comedor escolar realizarán sistemáticamente actividades de cepillado dental”) y 301 (“en los colegios con servicio de comedor, el suministro alimentario será nutricionalmente adecuado”), establecidos en el Decreto 3/1997, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan de Salud de Canarias (BOC nº 41, de 31/03/97).

Desde el punto de vista de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos, se tendrá en cuenta por los centros y por las empresas contratistas de los comedores escolares, la amplia normativa aplicable, y especialmente lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (DOUE Nº L 139, de 30/04/04), el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas (BOE nº 11 de 12/01/01), y el Real Decreto 1.801/2003, de 26 de diciembre de 2003, sobre seguridad general de los productos (BOE nº 9 de 10/01/04).”

Por lo tanto, y ante las posibles alarmas que puedan suscitarse o la preocupación sobre los riesgos reales para la salud por el consumo de un producto determinado en los centros escolares, la Consejería quiere destacar el contacto permanente que mantiene con el área de Sanidad del Gobierno de Canarias y las revisiones continuas que se realizan, tanto en los centros, como en los servicios de cátering, en el caso de los comedores de gestión indirecta.