El Ayuntamiento de Arona destina 200.000 euros en ayudas para la rehabilitación de viviendas de colectivos vulnerables

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Fátima Lemes Reverón, alcaldesa de Arona, y Rafael Martínez, concejal de Vivienda, durante la presentación de las resoluciones de la Ayuda de Rehabilitación de Vivienda de Primera Necesidad
Fátima Lemes Reverón, alcaldesa de Arona, y Rafael Martínez, concejal de Vivienda, durante la presentación de las resoluciones de la Ayuda de Rehabilitación de Vivienda de Primera Necesidad / EDS

El Ayuntamiento de Arona ha hecho públicas este miércoles las resoluciones definitivas de la Ayuda de Rehabilitación de Vivienda de Primera Necesidad de la convocatoria 2023-2024. La partida, gestionada por el área de Vivienda y dotada con 200.000 euros, está dirigida a financiar obras que mejoren la habitabilidad y accesibilidad en las viviendas de los colectivos más vulnerables del municipio.

Acorde a la convocatoria, las ayudas son compatibles con actuaciones imprescindibles de reparación, mantenimiento y conservación en la vivienda habitual, siempre que no supongan una ampliación de la superficie o mejoras estéticas. Asimismo, son subvencionables las obras destinadas a mejorar la adaptabilidad del hogar, especialmente en casos donde residan personas mayores de 65 años, en situación de dependencia o con discapacidad. La partida también cubre los gastos derivados del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la tasa por la licencia de obras.

El Consistorio ha explicado que la resolución del proceso ha requerido un “trabajo exhaustivo” por parte del personal municipal debido a la “complejidad técnica y documental” de muchos expedientes. Según fuentes municipales, se dedicó un “importante esfuerzo” a revisar individualmente cada solicitud, prestando una atención particular a aquellos casos que presentaban mayores dificultades administrativas o técnicas para garantizar la equidad en la concesión.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, declaró que la concesión de estas ayudas ha supuesto un “gran esfuerzo en términos de tiempo y recursos”, pero que responde al “compromiso firme de este grupo de gobierno con las familias y personas que más lo necesitan”. Añadió que, conscientes de la “situación particular” detrás de cada solicitud, se ha actuado con “el máximo rigor y responsabilidad”.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Rafael Martínez, destacó que el estudio de algunos expedientes fue “especialmente complejo” y requirió un “análisis pormenorizado”, dada la “sensibilidad de estas ayudas”. El edil señaló que el objetivo de su departamento es “seguir mejorando los procedimientos” para que en futuras convocatorias se puedan “agilizar los plazos y dar respuesta con mayor rapidez a las necesidades de la ciudadanía”.

Con la publicación de estas resoluciones, el Ayuntamiento de Arona da por concluida esta convocatoria. La información completa sobre las ayudas adjudicadas puede consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento y en su Sede Electrónica.

Sesé advierte de que la subida de cuotas a los autónomos “marcará la diferencia entre seguir abiertos o cerrar”

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Santiago Sesé, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife
Santiago Sesé, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife / EDS

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, señaló esta mañana que el anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el incremento de las cuotas mensuales que abonan los autónomos les obligará a elegir entre poder “continuar con la actividad o tener que cerrarla”. Añadió que muchas microempresas y profesionales por cuenta propia se verán abocados a la economía sumergida o a cerrar definitivamente sus negocios.

También pidió al Gobierno de Canarias y al resto de patronales y organizaciones empresariales que se sumen para hacer un frente común que frene la aprobación de esta medida. “Nuestro primer objetivo debe ser paralizarla, no aplicar medidas paliativas que ya sabemos que no eliminarán en su totalidad el daño irreparable que se ejerza sobre el tejido productivo”, dijo.

“Este anuncio no debe materializarse en ninguna comunidad autónoma, pero mucho menos en Canarias”, confirmó el presidente al recordar que los ingresos medios de las personas autónomas en las Islas son sensiblemente inferiores a la media nacional, mientras que los sobrecostes derivados de la insularidad ya lastran la competitividad de las pequeñas empresas, que ya tienen una rentabilidad de su actividad muy ajustada.

Además, instó al Ministerio a revisar la propuesta y avanzar hacia un modelo de cotización que garantice la sostenibilidad del sistema, sin castigar a quienes generan empleo y actividad económica en los territorios más frágiles. “Perderemos competitividad y se destruirá empleo”, lamentó Santiago Sesé.

Por otro lado, también criticó que el Ministerio no esté haciendo un esfuerzo por alcanzar el consenso social que requiere una medida de este calado y recordó que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha rechazado esta propuesta.

Desde la Cámara de Comercio, se recuerda que el autoempleo es una de las vías para generar oportunidades laborales en Canarias, especialmente entre jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Sin embargo, medidas como el incremento de las cuotas desincentivan el emprendimiento.

“Si a un joven emprendedor que empieza con pocos ingresos se le exige pagar más por su cuota, mientras se enfrenta a un mercado cada vez más competitivo, el mensaje que se transmite es desalentador”, señaló Santiago Sesé.

El presidente de la Cámara concluyó diciendo que “Canarias necesita medidas que impulsen la productividad y el emprendimiento, no que los frenen. El esfuerzo de nuestros autónomos debe ser reconocido y apoyado, no penalizado con más cargas”.

Según el documento presentado por el Gobierno, las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) podrían aumentar entre 10 y 200 euros mensuales, alcanzando los 796 euros en los tramos más altos de ingresos y elevando incluso las cuotas mínimas para quienes apenas superan el salario mínimo.

El PP logra que el Congreso inste al Gobierno a reforzar el desarrollo rural en Canarias

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Juan Antonio Rojas, diputado del PP
Juan Antonio Rojas, diputado del PP / EDS

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha conseguido que el Congreso aprobara una iniciativa para reforzar las políticas de desarrollo rural en Canarias y adaptar los fondos estatales y europeos a la realidad de los parques rurales habitados del Archipiélago.

La propuesta, defendida por el diputado del PP Juan Antonio Rojas en la Comisión Mixta sobre Insularidad, busca que el Gobierno de España reconozca institucionalmente la singularidad de los parques rurales de Canarias, y que estos territorios puedan acceder a los fondos y programas de desarrollo rural que actualmente les son negados por criterios administrativos desactualizados.

Durante su intervención, Rojas subrayó que el Parque Rural de Anaga “es un enclave único donde la naturaleza, la tradición y el esfuerzo humano conviven desde hace generaciones. Quienes nacimos o tenemos vínculos con estos lugares sabemos que no hablamos solo de paisaje: hablamos de comunidad, de identidad y de futuro”, afirmó.

El diputado popular denunció que muchos de estos núcleos rurales —como Anaga, en Tenerife; Betancuria, en Fuerteventura; o el Nublo, en Gran Canaria— están siendo excluidos de las ayudas estatales y europeas contra la despoblación al estar integrados en municipios con gran número de habitantes, pese a que su realidad “es rural, aislada y con enormes desafíos de conectividad, envejecimiento y acceso a servicios”.

“Estos pueblos rurales no son barrios urbanos. Son comunidades que viven de la agricultura, la ganadería, la artesanía o el turismo sostenible. Personas que, pese a las dificultades, siguen apostando por quedarse en su tierra, mantener vivas sus tradiciones y cuidar de un entorno natural que es patrimonio de todos”, destacó.

Rojas insistió en que la actual política de despoblación del Gobierno central “no refleja la realidad de Canarias”, al no contemplar las singularidades derivadas de la insularidad, la orografía y la fragmentación territorial. “Mientras algunos territorios sufren los efectos de la sobrepoblación, otros —como nuestros parques rurales— enfrentan el riesgo del abandono. No pedimos privilegios, pedimos justicia territorial. Canarias es una región ultraperiférica y necesita políticas adaptadas a su diversidad”, subrayó.

El diputado popular indicó que “no estamos pidiendo que el Estado asuma competencias que no le corresponden. Lo que pedimos es que adapte los criterios de elegibilidad de sus propias políticas estatales, para que estos núcleos rurales no queden fuera por un tecnicismo administrativo. Las ayudas del Reto Demográfico, los fondos de desarrollo rural o las líneas de conectividad dependen en gran parte de decisiones estatales. Y si el Estado diseña esas políticas, tiene también la responsabilidad de que se apliquen con justicia territorial”.

La iniciativa del PP plantea cuatro ejes de actuación concretos; reconocer institucionalmente la singularidad de los parques rurales de Canarias mediante un plan específico de mejora de infraestructuras y servicios básicos; modificar los criterios de elegibilidad de los fondos de desarrollo rural para incluir a los núcleos rurales dentro de grandes municipios que comparten los mismos problemas que las zonas despobladas; crear un Fondo Estatal para el Emprendimiento Rural, con líneas específicas para apoyar proyectos agrícolas, turísticos y artesanales en los parques rurales canarios; y garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades mediante una presencia estable de servicios públicos, conectividad digital y transporte accesible.

“Hablamos – continuó Rojas – de escuelas rurales, de atención sanitaria cercana, de carreteras seguras y de conectividad digital. No puede haber desarrollo sostenible si seguimos dejando atrás a quienes viven en las zonas más alejadas”.

“Si queremos frenar la despoblación, debemos ofrecer esperanza, oportunidades y apoyo a quienes eligen quedarse en estos lugares. Cuidar nuestros parques rurales es cuidar también nuestra biodiversidad, nuestra cultura y nuestra economía local”.

El parlamentario canario concluyó su intervención con un mensaje de compromiso y orgullo hacia los habitantes de estos espacios rurales, señalando que los parques rurales canarios “son ejemplos de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Son el corazón verde de nuestras islas. No podemos permitir que su gente se sienta olvidada. Desde el PP seguiremos defendiendo sus derechos, su dignidad y su futuro”.

La escasez de oferta y la competencia entre usos provoca un incremento anual “desmesurado” de los precios de la vivienda

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Vista aérea de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife
Vista de San Isidro, sur de Tenerife

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, incidió esta mañana que “la escasez de oferta y la competencia entre los distintos usos sigue provocando un incremento desmesurado del precio de la vivienda en Canarias”. “Está convirtiéndose en uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar porque repercute sensiblemente en la capacidad adquisitiva y en la calidad de vida de las familias de las islas”, advirtió.

Esta es una de las principales conclusiones que extrajo del análisis del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de septiembre, que realiza el Servicio de Estudios Económicos de la entidad cameral. Santiago Sesé agregó que la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles siguen siendo el grupo de productos que “más ha incrementado sus precios durante el último año (5,5%) en el archipiélago”. “No podemos esperar más para enfrentar el déficit de vivienda. Creemos que se debe abordar cuanto antes con planes que aceleren la construcción de inmuebles y medidas dirigidas a recomponer el equilibrio que debe reinar entre la oferta y la demanda”, argumentó.

Los datos

Pese a esta problemática, el presidente de la Cámara aseguró que el mes de septiembre ha mantenido el control de precios en las islas, ya que se redujeron un 0,7% y se mantuvieron un 2,2% en el plano interanual. “Entendemos que es favorable porque no suma presión al poder adquisitivo de las familias y a los costes de las empresas”, añadió y expuso que las islas se encuentran en un escenario de “inflación moderada en comparación con el resto de España”.

Sin embargo, subrayó las subidas mensuales de precios en los campos de ‘Enseñanza’ (0,7%) y ‘Vestido y calzado’ (0,6%) por el inicio del curso escolar en el primer caso y, en el segundo, como consecuencia del inicio de la temporada de otoño-invierno. “Respecto a las cifras de hace un año, aumentan un 2,35 y 1,6%, mientras que a nivel nacional se sitúan en el 2,8 y en el 0,8%”, apuntó Santiago Sesé.

Dentro de los grupos con caídas más acentuadas en los precios, destacan los carburantes y combustibles con una bajada del 0,5% en septiembre y del 2,7% interanual. “Consideramos muy positivo este retroceso porque tiene efectos positivos en los transportes en Canarias y, al tratarse de un territorio insular, fragmentado y alejado del resto del territorio nacional”, valoró.

Además, anotó que la repercusión de este descenso en el conjunto de los bienes de la cesta de la compra “es muy importante, teniendo en cuenta que en el conjunto de España se redujeron en menor medida que en las islas (-0,2%) e incluso aumentaron medio punto anual”.

La inflación subyacente, que margina la energía y los alimentos frescos, bajó al mismo ritmo que el IPC general canario (-0,7%) durante el último mes y registra una tasa anual del 1,9%, medio punto inferior que a nivel nacional (2,4%).

El ocio y la cultura fueron los campos con menor variación de precios respecto al mes de agosto, tanto en el archipiélago (-3,2%) como en el resto de España (-4,2%), aunque respecto al año anterior registraron alzas leves del 0,2 y del 0,6%, respectivamente. Otro de los grupos más favorecidos por la reducción del IPC es el transporte, que descendió un 2,2% en Canarias y un 0,7% nacional.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas bajaron un 0,2% en las islas durante el mes de septiembre, una décima más que el resto del Estado, aunque en un año incrementaron un 1,3% y un 2,4% en los dos territorios. Los servicios, por su parte, disminuyeron un 1,3%, pese a que la tasa anual experimentó una subida del 2,9%, seis décimas por debajo de la nacional.

En lo que se refiere a los bienes industriales, Canarias no registró variación mensual de precios, pero la tasa anual aumentó un 1,6% en el plano autonómico y un 2,5% en el general. Santiago Sesé mencionó, además, que “los productos energéticos retrocedieron un 0,4% en septiembre, pese a que subieron un 4,4% sobre los de hace un año”.

Elvis de León Rodríguez es reelegido como secretario general local de Coalición Canaria de Garachico

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La nueva ejecutiva local de Coalición Canaria en Garachico
La nueva ejecutiva local de Coalición Canaria en Garachico / EDS

El actual secretario general local de Coalición Canaria de Garachico, Elvis de León Rodríguez, ha sido reelegido en su cargo como secretario general local de los nacionalistas en el municipio durante la celebración de una asamblea en la que los afiliados y las afiliadas apoyaron por unanimidad al nuevo equipo de CC en el municipio.

Junto a Elvis de León estará Juan Manuel Gutiérrez González como secretario de Organización y Andrés David Hernández Hernández como secretario de Comunicación de un comité local en el que también estará el actual alcalde de Garachico, José Heriberto González.

Tras su reelección como secretario general local, Elvis de León destacó que las personas que componen el nuevo comité “trabajarán sin descanso día a día para hacer un Garachico mejor, donde los principales protagonistas sean sus habitantes, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Elvis de León quiso también agradecer a los afiliados y compañeros “la confianza que han depositado nuevamente en mi persona y que asumo con responsabilidad”.

Además, mostró su orgullo por las “magníficas personas que me acompañan y que han mostrado su predisposición para entre todos seguir mejorando nuestro municipio”.

Jennifer Miranda denuncia que el gobierno de Granadilla abandona el proyecto de sala velatorio para San Isidro

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Jennifer Miranda (PSOE) / EDS
Jennifer Miranda (PSOE) / EDS

San Isidro es el núcleo más poblado de Granadilla de Abona. Un pueblo en el que viven más de 30.000 habitantes y que, a pesar de ello, lleva casi una década sin una sala velatorio en el que dar el último adiós a las personas que fallecen.

A lo largo de todo este tiempo se han venido utilizando otras salas ubicadas en el resto de pueblo que conforman Granadilla de Abona, de manera principal la Sala Velatorio de El Médano. Para paliar este déficit, el anterior gobierno socialista, presidido por Jennifer Miranda, avanzó en la construcción de una sala velatorio para San Isidro ubicada en el entorno de La Jurada y cuyo proyecto ya ha sido redactado y entregado en el Ayuntamiento para su ejecución en 2026.

Pese a ello, la portavoz socialista en Granadilla de Abona alerta de la intención del actual gobierno municipal, presidido por José Domingo Regalado, de abandonar ese proyecto para retomar una iniciativa que ya contó con el rechazo frontal de los vecinos y vecinas de San Isidro, como es destinar uno de los locales con los que cuenta el SIEC (San Isidro Espacio Cívico) como sala velatorio.

Para Jennifer Miranda es incomprensible que se destinen más de 300.000€ para parchear un problema en vez de avanzar en una solución definitiva “que fue lo que nosotros hicimos durante nuestro gobierno, no solo cambiando el uso de un suelo en La Jurada, sino redactando el proyecto para su ejecución en 2026”.

Miranda considera que el proyecto del Sr. Regalado para la sala velatorio de San Isidro está lleno de inconvenientes. En primer lugar apunta que el SIEC es un espacio multifuncional, donde se encuentran servicios como la biblioteca, el SAC de San Isidro o la UNED, y que el mismo es utilizado por muchos colectivos para la celebración de actos y eventos de diversa índole, todos ellos incompatibles con la tranquilidad y la intimidad que requiere una sala velatorio. Además, muchas de las salas con las que cuenta son utilizadas por diversos colectivos del municipio “algunos de los cuales ya les ha comunicado que deben abandonar dicho espacio”.

Además, la portavoz apunta que el local que pretenden adaptar está a escasos metros de la zona en la que se celebran las fiestas de San Isidro, así como otros muchos eventos festivos, “por lo que mucho nos tememos que este proyecto sigue condenando a la gente de San Isidro a volver a trasladarse a otras zonas del municipio en caso de que el fallecimiento coincida con algún evento”.

Por todo ello, Jennifer Miranda exige al gobierno de Granadilla de Abona “que se ponga las pilas” y trabaje para ejecutar la Sala Velatorio que San Isidro merece “y cuyo proyecto dejamos ya redactado y del que solo falta su ejecución”.

El Parlamento de Canarias aprueba, a iniciativa del PP, una auditoría externa sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

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Rebeca Paniagua Partido Popular Parlamento de Canarias
Rebeca Paniagua (PP) / EDS

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, por mayoría, la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para exigir al Gobierno de Sánchez una auditoría externa, independiente y transparente sobre los fallos del sistema de dispositivos telemáticos de control, conocido como Cometa, tras los graves errores detectados en la vigilancia de medidas judiciales de alejamiento a agresores de violencia de género.

La iniciativa, defendida en el Pleno por la diputada popular Rebeca Paniagua, denuncia que la migración de datos y el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato tras el cambio de empresa adjudicataria en 2023 provocó la pérdida de información histórica, deficiencias de localización y cobertura e, incluso, casos en los que los agresores pudieron manipular o quitarse los dispositivos sin ser detectados.

“Lo que debía ser una herramienta de protección para las mujeres maltratadas se convirtió en una ruleta rusa tecnológica”, afirmó Paniagua, recordando que “la Fiscalía General, los jueces de violencia sobre la mujer y los sindicatos policiales han denunciado que estos fallos derivaron en sobreseimientos, absoluciones y desprotección real de las víctimas”.

La diputada por la isla de Tenerife criticó que el Gobierno de Sánchez y su Ministerio de Igualdad “han intentado minimizar los hechos hablando de incidencias puntuales, cuando los fallos se prolongaron durante meses y pusieron en riesgo a miles de mujeres”.

“Mientras se caía el sistema Cometa, el feminismo oficial del PSOE se entretenía en hacerse fotos con pancartas. Nosotras no sostenemos pancartas. Sostenemos compromisos reales, leyes eficaces y tecnología que no falle cuando la vida de una mujer depende de ello”, añadió Paniagua.

Así, la PNL aprobada insta al Gobierno de Canarias a requerir al Gobierno de España a la contratación urgente de una auditoría externa sobre la adjudicación, implantación y funcionamiento actual del sistema Cometa, además de la publicación inmediata y detallada de todos los datos relacionados con los fallos detectados en Canarias, incluyendo el número de víctimas afectadas, procedimientos judiciales alterados, tipología de errores y duración real de las incidencias.

“Queremos transparencia, depuración de responsabilidades y garantías técnicas verificables”, recalcó la representante del Grupo Parlamentario Popular, quien advirtió que “el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial ya alertó del riesgo de adjudicar este contrato a empresas sin experiencia suficiente y el tiempo les ha dado la razón”.

Durante el debate, Rebeca Paniagua incorporó un emotivo fragmento en forma de carta a su hija Alba, de 11 años, para simbolizar la defensa del feminismo verdadero y la necesidad de una protección eficaz frente a la violencia machista contra las mujeres de ahora y del futuro.

“Querida Alba: la igualdad no se grita, se garantiza. No es una pancarta, es un derecho. No quiero que crezcas en un país donde una mujer lleve una pulsera que falla, ni donde un gobierno hable de feminismo mientras abandona a las víctimas. Hay que defender el feminismo que protege, que legisla, que invierte, que cumple. El feminismo que salva vidas”, relató.

Por último, la diputada recordó que fue el Partido Popular quien impulsó las primeras leyes integrales contra la violencia de género, el Pacto de Estado de 2017 y múltiples medidas autonómicas que refuerzan la coordinación policial, judicial y tecnológica. “El PP defiende la igualdad con hechos, no con discursos vacíos ni marketing político”, concluyó.

Con esta aprobación, el Parlamento de Canarias envía un mensaje contundente a Madrid: “la protección de las mujeres no puede depender de un dispositivo que falla ni de un gobierno que calla”, indican los populares.

Franquis: “La transparencia sin veracidad es ruido, y la veracidad sin imparcialidad es fachada”

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Sebastián Franquis (PSOE) / EDS

El Parlamento de Canarias ha respaldado este miércoles [15] una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista para reclamar responsabilidad institucional y respeto al secreto de las deliberaciones y preservar con ello la credibilidad de la Cámara regional y la confianza ciudadana, tras la filtración de dictamen de la comisión de investigación sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia del Covid-19.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, defendió la iniciativa, que tiene el objetivo de reafirmar la obligación de sigilo parlamentario, proteger la imparcialidad de las comisiones de investigación y salvaguardar el prestigio institucional.

Franquis subrayó que esta iniciativa “va más allá de un texto formal” y constituye “un llamamiento firme para proteger la esencia misma de nuestra labor parlamentaria: la imparcialidad, la seriedad en la investigación y el prestigio de las instituciones”.

El portavoz socialista recordó que las comisiones de investigación son “herramientas delicadas y poderosas”, concebidas para esclarecer hechos, depurar responsabilidades políticas y reforzar la confianza ciudadana. Por ello, insistió en la necesidad de preservar el equilibrio “entre transparencia y reserva, entre publicidad y sigilo”.

Franquis se refirió al Artículo 78.3 del Reglamento del Parlamento de Canarias, que establece el carácter secreto de las ponencias en las comisiones de investigación y de la documentación que fundamenta sus deliberaciones, así como el Artículo 21, que obliga a guardar sigilo cuando las actuaciones tengan carácter reservado. “Esta no es una cláusula retórica, sino una garantía democrática que permite que el debate previo a las decisiones sea libre, sincero y protegido de presiones externas”, afirmó.

En este sentido, el diputado socialista dejó claro que la reserva no es un obstáculo a la transparencia, sino una condición necesaria para que la información pública sea veraz y completa. “La Ley 12/2014 de Transparencia lo dice con claridad: la información debe ser cierta, exacta y proceder de documentos auténticos. Y eso solo podemos garantizarlo cuando el trabajo está concluido”, subrayó.

También denunció que la filtración del borrador del informe preliminar de la comisión sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia constituye “una vulneración grave de nuestras normas internas y un golpe al prestigio del Parlamento”. Según destacó, esta actuación “ha deteriorado la credibilidad de la comisión, ha sembrado dudas sobre su neutralidad y ha privado a los diputados de la serenidad necesaria para deliberar con rigor”.

El portavoz socialista insistió en que el daño causado no puede repararse solo con declaraciones, sino con medidas concretas y preventivas, que se incluyen en la PNL como condenar de manera inequívoca la filtración de documentación reservada; reconocer públicamente que la divulgación no autorizada de información interna menoscaba la integridad de los procedimientos; reafirmar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, conciliando estos principios con la reserva necesaria y revisar y reforzar los mecanismos de custodia y seguridad documental.

Asimismo, se plantea garantizar información veraz y diferenciada entre lo que puede hacerse público y lo que requiere reserva, y se insta al Gobierno de Canarias a cooperar activamente en la defensa del prestigio institucional.

Franquis concluyó su intervención apelando al conjunto de la Cámara regional a respaldar esta iniciativa “no por atender a una propuesta del Grupo Socialista, sino por cumplir con la obligación común de preservar la credibilidad del Parlamento”.

“El respeto a nuestras normas internas, la protección de los procesos de investigación y la defensa de la imparcialidad son cimientos de la democracia”, advirtió. “Sin ellos, esta Cámara correría el riesgo de convertirse en un espacio sometido a la presión y la manipulación”.

Para Franquis, “la transparencia sin veracidad es ruido, y la veracidad sin procedimientos imparciales es fachada. Defendamos ambas. Defendamos el Parlamento”.

VOX evidencia que solo su formación exige transparencia en el gasto público derivado de la inmigración ilegal

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Nicasio Galván, portavoz del grupo parlamentario VOX en Canarias
Nicasio Galván, portavoz del grupo parlamentario VOX en Canarias / EDS

El grupo parlamentario VOX en Canarias ha presentado ante la Cámara una Proposición No de Ley que no ha salido adelante (por la negativa de toda la Cámara y la abstención del Partido Popular) para que los españoles puedan conocer con precisión el coste económico de la inmigración ilegal en el país. La iniciativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas respecto a uno de los problemas más graves que enfrenta España, especialmente en Canarias, principal puerta de entrada a Europa.

La inmigración ilegal en 2024 ha alcanzado cifras récord, con 63.970 llegadas a costas españolas, un 12,5 % más que en el año anterior. Canarias, en particular, ha sido la ruta más utilizada, concentrando el 76 % de todas las entradas por mar, con 46.843 inmigrantes ilegales. Desde 2018, con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, se han registrado más de 330.000 entradas irregulares, y actualmente se estima que cerca de 900.000 inmigrantes ilegales residen en España.

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El impacto económico de esta situación es alarmante. Solo en 2023, el Estado destinó aproximadamente 1.800 millones de euros para afrontar los costes asociados a la inmigración ilegal, incluyendo atención sanitaria, jurídica, social, programas de asilo y apoyo a ONG, sumando desde 2018 un gasto acumulado que supera los 12.600 millones de euros. Además, la atención a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) supone un coste de más de 650 millones de euros anuales, con casi 13.000 tutelados en toda España y un incremento del 15,2 % en Canarias en 2024.

El portavoz del grupo parlamentario ha defendido esta PNL, Nicasio Galván. El diputado ha expuesto el daño para la economía nacional que ha provocado la gestión de este fenómeno, así como las regularizaciones masivas. Además, ha contrapuesto la situación de la extrema pobreza en Canarias como contrapunto: “solo en la isla de Tenerife por el informe de Cáritas hablamos de 2.838 personas durmiendo en la calle”.

De forma cohesionada, el resto de grupos han rechazado esta propuesta bajo argumentos comunes y con la respuesta de que Canarias “es solidaria”. Galván ha recordado que este consenso político no se corresponde con las encuestas sociales en las que se evidencia que los españoles están preocupados por la inmigración ilegal y que “conocer el coste económico de esta gestión es un derecho que hoy por hoy no se cumple”.

Detienen a tres por una oleada de robos en restaurantes del sur de Tenerife

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La Policía Nacional ha concluido recientemente una investigación iniciada en agosto con la detención de tres personas vinculadas a una serie de doce robos con fuerza en establecimientos hosteleros del área de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. Los arrestos se produjeron tras identificar a los sospechosos y recopilar las pruebas necesarias sobre su participación en los hechos.

La investigación se activó al detectarse un aumento significativo de robos en una zona muy específica de Arona. Todos los casos compartían idéntico modus operandi: los autores forzaban la valla metálica de acceso y se introducían en el local arrastrándose por el suelo a través de la abertura creada.

De los tres detenidos, uno ha sido identificado como el presunto responsable principal, habiendo participado en los doce robos. En dos de estos sucesos contó con el apoyo de un segundo individuo encargado de labores de vigilancia. En otro de los robos se verificó la intervención de un tercer implicado, quien fue plenamente identificado. Según fuentes policiales, este último cuenta con múltiples antecedentes por delitos similares y se encontraba en la zona de forma esporádica.

La Policía Nacional considera resuelta esta serie de delitos contra establecimientos hosteleros y recuerda a la ciudadanía la posibilidad de colaborar de forma anónima a través del apartado “Colabora” en su página web oficial www.policía.es, donde especialistas procesarán confidentemente cualquier información sobre actividades delictivas.

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Arona eximirá del pago de tasas a los productores del Mercado del Agricultor durante 2026

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Productores locales en el Mercado del Agricultor del Valle San Lorenzo
Productores locales en el Mercado del Agricultor del Valle San Lorenzo / EDS

El Pleno del Ayuntamiento de Arona ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria, una modificación provisional de la Ordenanza Fiscal Municipal que eximirá del pago de tasas a los productores agrícolas y ganaderos del municipio en el Mercado del Agricultor durante el próximo ejercicio de 2026.

La medida, impulsada por las áreas de Promoción Económica, Empleo y Sector Primario y de Hacienda, tiene como objetivo aliviar las dificultades económicas del sector y contribuir a su fortalecimiento. La exención afecta a las tasas por instalación, uso y prestación de servicios en dicho mercado.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, declaró que “esta decisión es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con los productores locales y con un recurso tan importante para el municipio como es el Mercado del Agricultor. Queremos facilitar su labor y reforzar su papel dentro de la economía y la identidad de Arona”.

Por su parte, la concejal de Promoción Económica, Empleo y Sector Primario, Melania Santos, destacó que “esta exención es una forma de apoyo directo a quienes mantienen vivo el sector primario y apuestan por la producción local”.

La concejal de Hacienda, Guacimara Tavío, subrayó que la modificación busca “la modificación fiscal es un paso necesario para aliviar la carga económica de los productores y favorecer la continuidad del Mercado del Agricultor en las mejores condiciones”.

En un comunicado, el grupo de gobierno reiteró su compromiso con el apoyo al sector primario local y con la “transparencia y la veracidad de la información”, desmintiendo “los rumores infundados difundidos en los últimos días” en torno a este recurso municipal.

La exención de tasas entrará en vigor una vez se complete el trámite de exposición pública y alegaciones, tal como exige la normativa vigente.

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Franquis: “Canarias no puede ser el paraíso del turismo y el infierno del alquiler”

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Sebastián Franquis (PSOE) / EDS
Sebastián Franquis (PSOE) / EDS

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, acusó este miércoles [15] al Gobierno de CC y PP y a su presidente, Fernando Clavijo, de fracasar en su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, y exigió medidas inmediatas para frenar la escalada de precios del alquiler y la especulación inmobiliaria que están expulsando a miles de familias canarias de su propio territorio.

Franquis intervino en una pregunta del Grupo Socialista dirigida al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la política de vivienda de su Gobierno, donde advirtió de que “Canarias no puede seguir siendo el paraíso del turismo mientras se convierte en el infierno del alquiler”, y reprochó al Ejecutivo regional su falta de acción ante una crisis habitacional que se agrava cada día.

El portavoz socialista denunció que la actual crisis habitacional que vive Canarias “no es fruto del azar ni de las circunstancias del mercado”, sino el resultado directo de la inacción y la falta de voluntad política del Gobierno regional. “Señor presidente, cuando un joven con contrato indefinido no puede alquilar un piso; cuando una familia tiene que compartir vivienda porque no llega a fin de mes; y cuando una pensionista es expulsada de su casa porque se convierte en vivienda vacacional, estamos ante un fracaso político y social”, afirmó.

En este sentido, recordó que, en los dos años que lleva Clavijo al frente del Ejecutivo regional, más de 32.000 viviendas han salido del mercado residencial, al no aplicarse una moratoria que frenara la transformación de hogares en alojamientos turísticos. “Eso significa 32.000 familias que hoy no encuentran una vivienda disponible en su propia tierra”.

Franquis criticó duramente la gestión del Gobierno canario en materia de vivienda, subrayando que “en 2024, el mismo año en que aprobaron su decreto ley estrella sobre vivienda, fueron 4.174 visados de dirección obras, 2.474 menos que en 2023”. Según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), “el saldo negativo de más de 28.000 hogares refleja con total claridad la ineficacia de su gestión”, recalcó.

El portavoz socialista también alertó del aumento desorbitado de los precios del alquiler y la compra. “En apenas dos años, el alquiler ha subido un 21% y la compra un 39%. Y hoy, más de 81.600 viviendas en Canarias están en manos de grandes tenedores, el doble de la media nacional”, detalló.

Por este motivo, Franquis instó al presidente Clavijo a asumir su responsabilidad: “La vivienda, el suelo y el urbanismo son competencias exclusivas del Gobierno de Canarias. No es culpa de Madrid, ni de Europa. No busque excusas ni culpables fuera: esta responsabilidad es exclusivamente suya.”

Para el portavoz socialista, “no se puede hablar de derecho a la vivienda cuando el acceso a un hogar depende del mercado y del turismo; no se puede hablar de justicia social cuando una familia destina más del 55% de su salario al alquiler; y no se puede hablar de gobernar para la gente cuando se gobierna para los grandes propietarios y los fondos buitre”.

Franquis reiteró que el PSOE ha propuesto en repetidas ocasiones medidas urgentes y valientes para afrontar la crisis habitacional, como aplicar la Ley estatal de Vivienda y regular los precios del alquiler; aprobar una moratoria para proteger el parque residencial frente al uso turístico; frenar la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores; movilizar el suelo público para vivienda protegida; impulsar un nuevo plan de vivienda pública y asequible, así como crear un registro autonómico de grandes propietarios.

“El Gobierno de Canarias tiene las competencias, los instrumentos y los recursos para actuar. Basta de anuncios vacíos y de excusas. La responsabilidad es suya, actúe”, insistió.

Para Franquis, Canarias necesita un gobierno “que ponga límites y que defienda a la gente frente al mercado. Proteger el derecho a la vivienda no es una opción, es un mandato constitucional y una obligación moral y política con nuestro pueblo.”

ASG pide que la agilización de las subvenciones al tercer sector se consolide como norma

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Dux Garuti
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Melodie Mendoza (ASG) Parlamento de Canarias / EDS
Melodie Mendoza (ASG) / EDS

La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha valorado, en el pleno del Parlamento de Canarias, los avances implementados por la Consejería de Bienestar Social para evitar los retrasos en las resoluciones de subvenciones a las entidades del tercer sector, y reclamó “convertir lo excepcional en regla” para dar estabilidad al tejido social de las islas.

Mendoza subrayó que se ha puesto en marcha “un cambio real” en la gestión: creación de un equipo técnico específico –12 trabajadores sociales, 2 administrativos y 2 técnicos– dedicado en exclusiva a tramitar las subvenciones; adopción de un modelo único con bases reguladoras indefinidas, y concentración del crédito del IRPF en la Secretaría General Técnica para evitar duplicidades. “Hoy ya no hablamos de problemas, hablamos de hechos”, afirmó.

La parlamentaria de ASG puso el acento en la previsibilidad: por primera vez existe un calendario fijo, con resoluciones provisionales en julio, definitivas en septiembre y pagos concatenados sin tener que esperar a diciembre. “Las entidades sociales han vivido durante años con incertidumbre; ahora contamos con plazos claros que permiten planificar y empezar a tiempo”, señaló.

Los resultados, añadió, “ya se notan”. En la última convocatoria del IRPF se registraron 541 solicitudes, 355 proyectos y 123 entidades participantes, con un presupuesto global superior a 54 millones de euros. “Más proyectos, más entidades y más personas atendidas: ese es el sentido de la política útil”, enfatizó Mendoza.

Pese al progreso, reclamó blindar el nuevo esquema para que no dependa de coyunturas ni cambios administrativos. “Queda camino por recorrer y por eso la importancia de consolidar este modelo para que sea norma, no excepción”, sostuvo la presidenta del grupo parlamentario ASG. “El tercer sector es el corazón de nuestra red de bienestar y merece una Administración que funcione con la misma entrega y puntualidad con la que trabajan cada día”.

Mendoza insistió en que la puntualidad de las ayudas es determinante para la eficacia de los proyectos: “Cuando las subvenciones llegan tarde, todo se complica; cuando llegan a tiempo, cambian vidas de canarios y canarias”. En esa línea, reiteró la disposición de ASG a colaborar con el Gobierno y con las entidades para perfeccionar procedimientos, mejorar la coordinación interadministrativa y mantener la evaluación continua de resultados.

Según dijo, la agenda social de Canarias exige estabilidad financiera y seguridad jurídica para las organizaciones que atienden a los colectivos más vulnerables. “Pedimos certidumbre, celeridad y reglas claras: menos burocracia y más personas atendidas”, resumió Mendoza.

Curbelo alerta de un problema estructural en la licitación de obras públicas y reclama medidas para evitar concursos desiertos

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Dux Garuti
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Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias
Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias / EDS

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha advertido este miércoles, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Canarias, de que el fracaso de múltiples licitaciones públicas –procedimientos que quedan desiertos por falta de ofertas– “ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema estructural” que compromete la ejecución de obras y servicios esenciales en la Comunidad Autónoma. “Muchísimas obras públicas se sacan a licitación y no hay concurrencia; es decir, no se adjudican finalmente. Y aquí algo falla”, afirmó.

Curbelo formuló su pregunta al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, tras valorar los avances de la reunión que el jefe del Ejecutivo mantuvo ayer, 14 de octubre, con la ministra de Hacienda, e instó a todas las administraciones –Estado, Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos– a “tomar nota” y actuar coordinadamente para revertir la tendencia. “Lo que antes era casuístico, ahora es estructural, y está ocurriendo en las administraciones públicas”, subrayó.

El portavoz de ASG puso el foco en el impacto específico en las islas no capitalinas, donde los sobrecostes logísticos y de ejecución “alcanzan dimensiones importantes” y disuaden la concurrencia de empresas. “En islas pequeñas como La Gomera ocurre: hay servicios que se sacan a concurrencia pública y quedan desiertos, servicios que a veces son esenciales”, explicó.

Además de los condicionantes territoriales y de precios, Curbelo reclamó una revisión técnica de los pliegos y proyectos para mejorar su calidad y adecuación al mercado, evitando requisitos o valoraciones que no se ajusten a la realidad del sector. “Creo que es conveniente hacer una reflexión de cómo se redactan los proyectos”, señaló, al tiempo que destacó que el problema “no es solo técnico, sino también de mercado laboral”.

En este sentido, alertó de la escasez de mano de obra cualificada que padecen tanto la Administración como las empresas contratistas, una carencia que está ralentizando la actividad y dejando sin cubrir necesidades básicas. “No hay personal a veces para desarrollar las actividades que tenemos que desarrollar en el día a día… ocurre lo propio en la mano de obra para la administración pública y las empresas públicas”, indicó, ilustrándolo con ejemplos tan sensibles como la construcción de un colegio o la reforma de un hospital que “quedan desiertos”.

Curbelo apeló a la responsabilidad institucional para activar respuestas inmediatas y de medio plazo que devuelvan eficacia a la contratación pública: mejorar la planificación de proyectos antes de su licitación, ajustar los presupuestos a los costes reales en cada isla, simplificar trámites cuando sea posible y reforzar las políticas de capacitación para contar con profesionales disponibles. “Solo haciendo todo lo que podamos desde nuestras responsabilidades públicas podremos evitar que se paralicen inversiones prioritarias para la ciudadanía”, concluyó.

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