Las Islas Canarias se enfrentan a un complejo escenario meteorológico que ha obligado a las autoridades a tomar medidas preventivas extraordinarias. A partir de las 13:00 horas de este lunes, 14 de septiembre, el Gobierno de Canarias ha elevado a situación de alerta el riesgo de incendios forestales para las islas occidentales y Gran Canaria. Este nivel de alarma coincide, además, con la activación de otras dos prealertas de alcance general para todo el archipiélago: una por la intrusión de calima y otra por el registro de temperaturas máximas.

La delimitación geográfica de la alerta forestal es precisa. La medida afecta de manera integral a las islas de El Hierro y La Gomera, así como a la vertiente oeste de La Palma. En el caso de Tenerife, el riesgo máximo se concentra en las cumbres y medianías de sus vertientes sur y oeste, mientras que en Gran Canaria la alerta rige para toda la cota que se sitúe por encima de los 400 metros de altitud. Para el resto de los territorios de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, la administración ha establecido una situación de prealerta.

El detonante de estas decisiones, amparadas en los planes de emergencia INFOCA y PEFMA, responde a los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes de seguimiento. Las previsiones dibujan un panorama de vientos de intensidad entre floja y moderada y una caída drástica de la humedad relativa, que se situará por debajo del 30 por ciento en amplias franjas de medianías y cumbres. En el apartado térmico, los termómetros alcanzarán o superarán la barrera de los 34 grados centígrados en las medianías de las zonas sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, mientras que en el interior de El Hierro y La Palma se rebasarán los 30 grados. Todo ello, sumado a la calima generalizada, genera un entorno de alta disponibilidad de combustible vegetal y dispara el potencial de propagación de cualquier fuego. Por este motivo, la Dirección General de Emergencias mantendrá un rastreo continuo de los datos para revisar el nivel de alerta si fuese necesario.

Ante esta conjunción de fenómenos, se ha emitido un amplio catálogo de pautas ciudadanas enfocadas tanto a la prevención sanitaria como medioambiental. Para mitigar los efectos del calor intenso, las autoridades sanitarias aconsejan suprimir el ejercicio físico en las horas centrales de la jornada, buscar refugio en espacios frescos, mantener una hidratación constante y usar protección solar al aire libre. La dieta debe basarse en comidas ligeras y regulares, eliminando la ingesta de alcohol. Se requiere una vigilancia estrecha sobre la población más vulnerable, especialmente menores y ancianos, y se insta a las personas bajo tratamiento farmacológico a consultar con su médico si la medicación puede alterar la termorregulación corporal.

En lo que respecta al polvo en suspensión, resulta vital mantener puertas y ventanas cerradas en los domicilios, recomendando encarecidamente a los pacientes con patologías respiratorias crónicas que eviten salir a la vía pública. Los conductores también deben adaptar su conducción a la merma de visibilidad que provoca la calima, moderando la velocidad y manteniendo encendidas las luces de los vehículos en todo momento.

Por último, en el ámbito de la protección forestal, se apela a la responsabilidad ciudadana para evitar cualquier negligencia que derive en un incendio. Queda terminantemente prohibido arrojar colillas encendidas, fósforos o cualquier tipo de desperdicio en áreas arboladas. El veto se extiende al uso de voladores, petardos o cualquier artefacto pirotécnico en zonas de riesgo, englobando campo raso, terrenos agrícolas y urbanizaciones colindantes con masas forestales. Como marco normativo de obligado cumplimiento, la ciudadanía deberá acatar todas las restricciones que dictaminen los cabildos insulares y los ayuntamientos durante este periodo crítico, las cuales regularán el acceso a los montes y la paralización de trabajos de riesgo en el entorno natural.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha autorizado la modernización de nueve grupos de generación eléctrica ubicados en Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Esta intervención afecta a un total de 374,52 megavatios (MW) de potencia instalada y se enmarca dentro del primer concurso de concurrencia aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para renovar el sistema eléctrico del archipiélago.

El proyecto no contempla un incremento en la capacidad de generación energética, sino la actualización tecnológica de infraestructuras ya operativas para prolongar su vida útil. Según el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, el objetivo de la medida es asegurar la fiabilidad del suministro frente a posibles fallos del sistema. “Canarias no puede permitir que la obsolescencia de los equipos ponga en riesgo la luz en los hogares ni la actividad de nuestras empresas”, aseguró el responsable autonómico.

Técnicamente, las obras supondrán la sustitución integral de motores, rotores, equipos auxiliares y sistemas de control. Estas modificaciones están diseñadas para reducir los tiempos de arranque de las centrales y rebajar sus mínimos técnicos de operatividad, lo que facilitará un respaldo más ágil a las fuentes renovables y permitirá disminuir el uso de combustibles fósiles cuando las condiciones de sol y viento sean favorables. Asimismo, la tecnología implementada en los ciclos combinados de Gran Canaria y Tenerife mejorará la capacidad de recuperación de la red insular en caso de sufrir una caída total o parcial del servicio.

Los trabajos ya se han iniciado con el permiso otorgado a la turbina de gas de Punta Grande, en Lanzarote, que cuenta con 19,6 MW. El plan de renovación se extenderá a las centrales de Barranco de Tirajana (169,7 MW) y Jinámar (64,6 MW) en Gran Canaria, a la central de Granadilla (107,9 MW) en Tenerife, y a las instalaciones de Los Guinchos (12,6 MW) en La Palma. “No estamos incorporando nueva potencia, sino actuando sobre grupos que ya existen para mejorar técnicamente sus instalaciones y prolongar su vida útil”, detalló Zapata, subrayando que la transición ecológica requiere responsabilidad para garantizar una red capaz de proteger a la población.

Esta autorización forma parte de una estrategia integral más amplia de la Consejería, que combina declaraciones de emergencia energética con medidas estructurales y la convocatoria de un segundo concurso estatal para cubrir demandas pendientes. En los últimos tres años, el archipiélago ha sumado 232 MW de nueva potencia verde (un incremento del 24%), lo que ha elevado la cuota de penetración de las renovables del 19,3% al 23%.

Este cambio de modelo se apoya también en la mejora de las interconexiones eléctricas, como el enlace submarino entre Tenerife y La Gomera, y en la regulación e impulso del almacenamiento energético, tanto mediante baterías como a través de futuras infraestructuras de hidrobombeo en Salto de Chira y Güímar. “Cuando se trata de energía, no hablamos de actuaciones aisladas, sino de avanzar en todos los frentes”, concluyó el consejero, defendiendo un esquema sustentado en “más generación de respaldo, más renovables, mejores redes y más almacenamiento”.