El Gobierno de Canarias ha salido al paso de las críticas vertidas por la asociación ATAN para aclarar la situación administrativa del proyecto acuícola previsto frente a las costas de Adeje, en la denominada Zona de Interés Acuícola TF-5. Según un comunicado emitido este miércoles por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, la iniciativa “no cuenta en estos momentos con autorización administrativa para su ejecución”. El Ejecutivo regional ha querido subrayar desde el primer momento que, antes de que se pueda adoptar una resolución definitiva, el plan deberá superar la totalidad de los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por las normativas europea, estatal y autonómica.

La controversia pública se había intensificado en los últimos días tras las afirmaciones de la citada organización ecologista, a las que el Gobierno ha respondido precisando el alcance real de sus decisiones recientes. El departamento autonómico ha remarcado que la resolución aprobada el pasado mes de febrero de 2026 tuvo como único propósito seleccionar el proyecto ganador del concurso público convocado para dicha área marítima. En este sentido, la Consejería advierte de que este trámite de adjudicación no implica bajo ningún concepto una “autorización para la implantación o explotación de la actividad acuícola proyectada”.

En el desarrollo del comunicado, la Dirección General de Pesca rechaza de forma tajante las aseveraciones relativas a una “supuesta ocultación de información” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para desmentir este punto, el ente autonómico confirma que ya ha remitido de manera formal a la Subdirección General de Biodiversidad un informe pormenorizado. Dicho documento detalla con exactitud la situación administrativa del expediente, su estado de tramitación actual y la hoja de ruta de los trámites sectoriales y ambientales que el promotor deberá cumplimentar en las etapas venideras.

Uno de los aspectos más sensibles del debate gira en torno a la posible afección sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca. Sobre este particular, la administración canaria asevera que la existencia de este valioso espacio protegido no ha sido “ocultada ni ignorada en ningún momento”. De hecho, el Ejecutivo recuerda que esta figura de protección consta de forma expresa tanto en la planificación acuícola aprobada para la zona como en las propias bases reguladoras del concurso público. Dichas bases establecen como requisito indispensable e insalvable la obtención de los informes favorables preceptivos antes de poder emitir cualquier resolución definitiva.

El marco normativo que regula estas parcelas marítimas se engloba dentro del PROAC (Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias), resultado de un largo proceso de planificación que concluyó en el año 2018. El Gobierno hace hincapié en que durante su redacción participaron administraciones públicas de ámbito local, autonómico y estatal, además de organismos competentes en materia ambiental, sectores económicos afectados, organizaciones sociales y la propia ciudadanía. Todo este despliegue culminó con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación y de su respectiva evaluación ambiental estratégica.

Respecto a la fase técnica en la que se encuentra el proyecto de Adeje hoy en día, la Dirección General de Pesca especifica que el expediente atraviesa actualmente un período de análisis y valoración de las distintas alegaciones, informes y observaciones que fueron recabadas durante el trámite de información pública. Fruto de esta exhaustiva revisión, la administración adelanta que la documentación ambiental y técnica que ha sido aportada por el promotor “puede requerir aclaraciones, modificaciones o información complementaria antes de continuar su tramitación”.

Al encontrarse atascado en este punto de evaluación de alegaciones ciudadanas y sectoriales, el Ejecutivo aclara que todavía no se ha dado inicio formal al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Este trámite, considerado vital para el futuro de la instalación, arrancará únicamente cuando termine el análisis de la información pública y se logre disponer de una versión consolidada tanto del proyecto como de toda su documentación medioambiental anexa. Será precisamente durante esa fase posterior cuando las autoridades competentes soliciten y emitan los informes estipulados por la ley. Entre ellos destacan los vinculados a la Red Natura 2000, la demostración de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria y las demás autorizaciones previstas en la legislación vigente.

Frente a las dudas generadas sobre la viabilidad de los documentos técnicos entregados por la empresa promotora, la Consejería insiste en que su deber ineludible como Administración es verificar durante la tramitación del expediente el estricto cumplimiento de todos los requerimientos administrativos, técnicos y legales antes de tomar una decisión. Las alegaciones formuladas por particulares y entidades siguen, por tanto, bajo lupa en el seno del procedimiento administrativo.

A modo de conclusión, la Consejería que dirige el área de Pesca ha querido reafirmar públicamente su compromiso con el “máximo rigor jurídico, técnico y ambiental” a la hora de gestionar los expedientes de las instalaciones acuícolas. El departamento autonómico garantiza el respeto absoluto a los controles de protección de los ecosistemas y de participación pública, sentenciando que cualquier decisión futura sobre la concesión administrativa en la costa de Adeje quedará irremediablemente condicionada a la obtención de un resultado favorable en todas y cada una de las evaluaciones que exige el actual ordenamiento jurídico.