El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) tienen previsto realizar una inversión de aproximadamente 500.000 euros para equipar furgonetas que operarán como cuarteles móviles en las zonas rurales. El proyecto, destinado a prestar servicio en los municipios de la denominada España Vaciada, ha suscitado fuertes críticas por parte de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). La organización, que representa a todos los empleos y escalas de la institución, considera que la iniciativa no aborda el problema estructural de falta de personal en un cuerpo policial que tiene bajo su responsabilidad el 80% del territorio nacional.
A través de un comunicado emitido este miércoles, la asociación ha cuestionado duramente la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska, acusando a su departamento de buscar “engañar con una falsa seguridad a la España Vaciada” mediante lo que denominan irónicamente un “ingenioso invento” y “telefurgos”. Los representantes de los agentes argumentan que estas oficinas itinerantes están pensadas para “suplir la falta de efectivos en seguridad ciudadana” y comparan la inversión con medidas pasadas, recordando la ocasión en la que se instalaron “guardias civiles de cartón que simulaban coches patrulla para vigilar las carreteras”.
La principal preocupación expresada por la AEGC es la sobrecarga laboral de los agentes en activo. La asociación señala que en la actualidad existe un elevado porcentaje de puestos de la Guardia Civil que sobreviven con apenas dos o tres agentes, una situación que dificulta enormemente sacar adelante las patrullas por turno y que les impide “ofrecer a sus conciudadanos un servicio eficiente y seguro”. En este sentido, la organización sostiene que la implementación de estos vehículos solo tendría sentido “si viniera dotada de más efectivos, pero no es así”. Por tanto, temen que esta decisión suponga “un incremento de funciones para los agentes, quienes ya se ven sobrepasados”.
El plan del Ministerio se implementará inicialmente a modo de experimento en Castilla y León. Desde la asociación policial alertan de que esta prueba piloto podría esconder “un cierre encubierto de aquellos puestos que tienen plantillas inferiores a los 4 efectivos”. Esta problemática, subrayan, está muy presente en todas las comandancias de la comunidad autónoma, haciendo especial hincapié en provincias como León, Palencia, Segovia, Ávila o Valladolid. En estos territorios se concentran numerosos puestos bajo mínimos operativos, lo que provoca que haya municipios que “pasan días sin ver una patrulla de la Guardia Civil“, a los cuales ahora se les pretende ofrecer estas furgonetas como solución.
Para ilustrar el impacto de esta reestructuración en el ámbito rural, la AEGC finaliza su exposición estableciendo una analogía directa con el sector financiero. La asociación lamenta que la estrategia de la Dirección General sitúa a la Guardia Civil “tras los pasos de la banca”, denunciando que, al igual que ocurre en los pueblos “con el cierre de oficinas físicas y cajeros, a nosotros nos cierran los puestos pero sin reforzar otras plantillas”.
