La Asamblea General de la Federación Provincial de Empresas de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) ha mostrado, de forma unánime, el enfado generalizado del tejido empresarial del sector, especialmente de promotores y constructores, por la “tardanza inadmisible” en la gestión y resolución de las licencias de obras mayor en la mayoría de los ayuntamientos. Según su denuncia, son muy pocos los consistorios en Canarias que realizan una tramitación aceptable.
El tiempo de espera medio para la concesión de estas licencias es de un año, un plazo que ya resulta perjudicial. Sin embargo, la federación alerta de que el porcentaje de expedientes que esperan más de cuatro años “se está haciendo lo normal”. Esta situación perjudica económicamente a clientes, promotoras y a los propios ayuntamientos. La ejecución de un inmueble se encarece porcentualmente cuando la concesión se alarga más allá de los seis meses.
Un “muro infranqueable” y el incumplimiento de la Ley
FEPECO afirma que los ayuntamientos se han convertido en un “muro infranqueable” para las empresas que buscan reducir plazos y responder con agilidad a la “demanda, angustiosa en muchos casos, por la urgencia habitacional”. Denuncian que la propia Administración Pública no cumple con la legislación urbanística en cuanto a los tiempos de resolución, y “no pasa nada, nadie asume responsabilidades, ni se les piden internamente y todos se culpabilizan, quitándose deberes que tienen obligatoriamente que asumir por el cargo o por ser empleados públicos”.
La federación recuerda que la concesión de licencias es un “acto reglado”, cuya aprobación está sujeta a criterios puramente objetivos, y que los ayuntamientos están obligados por ley a otorgar en un plazo determinado de tres meses, un límite que incumplen “sistemáticamente”. Se calcula que, en la mayoría de los casos, un 35% de todo el proceso constructivo queda estancado en la “espera burocrática”.
Impacto económico y habitacional: un sobreprecio de 18.000 euros
Las consecuencias de esta paralización son graves y multifacéticas. El retraso en la concesión de licencias de obra nueva puede tener un sobrecoste medio para el comprador de casi 18.000 euros por vivienda, cantidad que puede ser mayor según la zona de construcción. FEPECO subraya que estos costes, asumidos por promotores a elevados tipos de interés, perjudican “principal y enormemente al comprador, es decir, al ciudadano, que tiene que pagar la ineficacia de una burocracia que le hace mucho daño”.
Esta “situación calamitosa, fuera de control” por parte de los responsables políticos, pero “muy bien dominado por los empleados públicos”, también provoca retrasos en la puesta en marcha de actividades empresariales, limitando el crecimiento económico y la resolución del problema habitacional, así como una lentitud en la entrada de recursos en los propios Ayuntamientos.
Soluciones propuestas y el rechazo “palpable” al Decreto-Ley
Como solución, FEPECO propone un paquete de medidas: dotar de suficiente personal técnico y cualificado a las oficinas municipales; impulsar la digitalización de los trámites; simplificar los procedimientos de gestión; la unificación de criterios normativos en todos los ayuntamientos; y la delegación de funciones, cuando no se puedan asumir, en colegios profesionales o entidades certificadoras.
Para Canarias, exigen que los ayuntamientos “incompetentes en la gestión eficiente del urbanismo, la mayoría”, se adhieran al Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas. La federación asegura que en las Administraciones locales “hay mucho que mejorar” en eficacia, y que las excusas no deben recaer solo en la falta de personal, sino enfocarse en la “optimización y racionalización de los procedimientos”.
En este punto, FEPECO carga con especial dureza contra los Ayuntamientos de Candelaria, Granadilla y Garachico, a los que califica de “poco ejemplares” y “escandalosamente incumplidores” en relación a la tramitación temporal de las licencias y cualquier trámite urbanístico. Que estos consistorios rechacen la aplicación del citado Decreto-Ley, “que es precisamente ayudador para casos como lo que suceden con mucha frecuencia en sus municipios, es una demostración palpable, de que los políticos y los empleados públicos, cada vez están más alejados de la realidad, tomando decisiones, sin conocer de cerca los problemas cotidianos, encerrados y atrincherados en sus despachos oficiales”.
La federación concluye con una crítica severa: “Esta distancia es la que erosiona la confianza y aleja a la sociedad de sus representantes y malgasta a una Función Pública inservible y empoderada”.
