Noticias Tenerife La Ley de Vivienda divide a los canarios por edad y ocupación

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La Ley de Vivienda divide a los canarios por edad y ocupación

La Ley de Vivienda podría provocar la retirada de viviendas del mercado de alquiler en Canarias. Los canarios tienen opiniones encontradas sobre la necesidad y la utilidad de la normativa, que entrará en vigor a finales de mayo, según un informe del Grupo Mutua Propietarios.

La normativa que regulará el derecho a la vivienda en España ha sido aprobada recientemente por el Congreso y entrará en vigor a finales de mayo. Sin embargo, los canarios tienen opiniones encontradas sobre su necesidad y su utilidad.

Según el informe “Percepciones de la nueva Ley de Vivienda” elaborado por el Grupo Mutua Propietarios, el 59% de los canarios cree que hace falta una ley que garantice el derecho a la vivienda, pero el 67% piensa que la Ley de Vivienda no será muy útil ni resolverá los problemas actuales.

Los más jóvenes y los que viven de alquiler son los que más apoyan esta normativa, mientras que los más pudientes son los que más se oponen al tener los inmuebles.

Las medidas que más gustan a los canarios son los beneficios fiscales a propietarios (67%), limitar las subidas del alquiler (65%) y proteger ante los desahucios (65%). Por el contrario, la medida que menos acuerdo genera es el aumento de impuestos a las viviendas vacías (36%).

En cuanto a cómo afectará la nueva normativa al mercado inmobiliario, hay una gran división de opiniones. Los canarios creen que lo más probable es que una de las principales consecuencias de la Ley sea la retirada de viviendas del mercado de alquiler (53%) y, por el contrario, lo menos probable es que se amplíe el mercado de vivienda de alquiler social y asequible (47%).

Los arrendadores son los más críticos con la nueva Ley de viviendas y manifiestan que provocará una bajada del mantenimiento de las viviendas en alquiler por parte de los propietarios (50%), lo que parece una declaración de intenciones ante las medidas anunciadas.

“La vivienda es un tema complejo porque es a la vez un derecho y un bien financiero, lo que genera mucha polémica en torno a su gestión y grandes dificultades a la hora de legislar”, explica Laura López Demarbre, subdirectora General Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.

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