En una conferencia sectorial celebrada este viernes en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, y Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), abordaron el creciente fenómeno de los pisos turísticos en España, un área en la que el Gobierno central no tiene competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, liderada por Jéssica de León, ha instado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a ejercer sus competencias y buscar soluciones efectivas a la crisis habitacional que afecta a numerosos destinos españoles. Esta postura fue respaldada por la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Canarias, junto con otras regiones como Madrid y Andalucía, ya está trabajando para regular el uso turístico de viviendas, una competencia exclusivamente autonómica. El Gobierno de Canarias insta al Estado a seguir su ejemplo y utilizar sus propias competencias para beneficiar a los residentes.

Una de las competencias clave del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal. Desde su aprobación en abril de 2023, esta ley ha eliminado el 40% de la oferta residencial del mercado debido a la inseguridad que ha generado entre los propietarios.

Además, el Gobierno debe emprender la reforma de la Ley del Suelo, que fue retirada del Congreso de los Diputados el jueves 23 de mayo por falta de apoyo parlamentario. Este hecho impide que el país avance en asuntos cruciales como el derecho a la vivienda.

Rodríguez detalló que desde el área de Ordenación Turística se han presentado propuestas al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas propuestas se refieren principalmente a la naturaleza residencial del suelo y de la vivienda, y a la necesidad de recuperar el equilibrio entre el uso residencial y el uso turístico.

“Queremos que se defina mejor la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve principalmente para un fin habitacional”, explicó Rodríguez, añadiendo que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Rodríguez espera que, más allá de las fotos y los titulares que surjan de la reunión de este viernes 24 de mayo, el Gobierno de España trabaje dentro de sus competencias para beneficiar a los ciudadanos, especialmente en aquellos lugares donde el mercado está tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, señalando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad de alojamiento”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional y la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

Por otro lado, Rodríguez indicó que se ha establecido un calendario para implementar el reglamento europeo sobre alquileres de corta duración. Este reglamento introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando así la oferta irregular.

Rodríguez señaló que “no se agotará el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se intentará hacerlo en un año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

Antonio Ortega, por su parte, señaló que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”.

En este sentido, Ortega instó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.