En su intento por regular el creciente mercado de alquileres vacacionales en Canarias, la Consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha desmentido las afirmaciones de que la nueva ley ha provocado un ‘efecto llamada’. Asegura que el crecimiento actual del alquiler vacacional es del 7,95%, una cifra significativamente menor al aumento del 60% registrado entre 2019 y 2023, período durante el cual no se tomó “ninguna” medida para regular la actividad.

De León destacó el compromiso del actual equipo de gobierno, que en sus primeros nueve meses ha tomado la iniciativa de regular un sector que, según ella, debería haberse ordenado hace mucho tiempo para restablecer el “equilibrio” entre la actividad turística y los residentes.

Desde el anuncio de la consulta pública el pasado 28 de noviembre hasta el 20 de mayo de este año, el crecimiento fue del 18,27%. De León atribuye este aumento a la falta de regulación en otros destinos del territorio nacional y a una Ley de Vivienda Estatal que, según ella, “desprotege a los propietarios y ha sacado del mercado el 40% de las viviendas residenciales”.

En este contexto, señaló que “desde principios de año, y en solo cinco meses, la vivienda vacacional ha crecido en Madrid un 29%, en Barcelona un 11% y en Málaga un 30%”. Según los datos más recientes, en Canarias existen actualmente 66.972 viviendas vacacionales y 273.157 plazas.

La consejera hizo un llamado a los grupos parlamentarios para que se refieran a esta iniciativa legislativa con responsabilidad, evitando “mensajes alarmistas” que generen preocupación entre la población.

De León enfatizó que la ley no tiene como objetivo prohibir la actividad ni supondrá el fin de las viviendas vacacionales ya existentes, “pero es necesario establecer límites cuantitativos y cualitativos para ordenar el fenómeno”.

Aseguró que el proyecto de ley llegará a la Cámara autonómica antes de que finalice el año, donde se espera que se enriquezca con las aportaciones de todos los grupos, de los que espera una actitud “constructiva y propositiva”.

Finalmente, la consejera destacó el carácter participativo de la futura ley, subrayando que “se ha abierto un diálogo permanente con la sociedad en todas las islas”. Además, se han mantenido encuentros con todos los sectores afectados, desde la Federación Canaria de Municipios (FECAM); la Federación Canaria de Islas (FECAI); la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC); la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) hasta los colegios profesionales, patronales turísticas y otros agentes implicados.

Como resultado de la consulta pública, se obtuvieron 5.083 aportaciones y, una vez finalizado el plazo de información pública y trámite de audiencia, se han registrado más de 3.000, de las cuales 1.000 ya han sido clasificadas, detalló la consejera de Turismo y Empleo.