La rehabilitación de la playa de Benijo, ubicada en el macizo de Anaga y clausurada desde hace dos años a causa de diversos desprendimientos, se ha convertido en el epicentro de un conflicto administrativo entre el Gobierno de España y las instituciones canarias. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, durante la sesión de su pleno ordinario de este mes de julio de 2026, una moción declarativa mediante la cual se insta al Estado a desbloquear de forma inmediata las obras necesarias para la reapertura de este espacio costero.
El desencadenante de esta reclamación municipal ha sido un informe emitido esta misma semana por la Dirección de Costas del Gobierno de España. Este documento estatal muestra una postura contraria a la autorización que ya había sido concedida previamente por la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. Entre los argumentos esgrimidos, la administración central cuestiona que el proyecto se haya tramitado por la vía de urgencia, frenando así el permiso para comenzar los trabajos sobre el terreno.
Ante la negativa estatal a dar luz verde a la obra, la corporación local impulsó la citada moción, la cual logró salir adelante con una amplia mayoría de 21 votos a favor y únicamente dos en contra. A través de este texto, el Consistorio solicita al Estado que no paralice unas actuaciones que consideran prioritarias para que los vecinos recuperen el uso y disfrute de la zona en el menor tiempo posible. Las intervenciones previstas se centran fundamentalmente en el aseguramiento del talud de la playa para evitar nuevas caídas de material, así como en la mejora general de la accesibilidad al entorno.
Para llevar a cabo estas mejoras, el Ayuntamiento de Santa Cruz recalca que ya ha redactado y aprobado el proyecto técnico correspondiente. Además, la actuación cuenta con su respectiva vía de financiación, para la cual se ha solicitado al Gobierno de Canarias una partida que asciende a un presupuesto de 2,2 millones de euros.
Durante la sesión plenaria, se argumentó la necesidad de cuidar los espacios cercanos al mar y de dar respuesta a lo que se considera una demanda histórica de la capital tinerfeña. Ante la actual disyuntiva entre los intereses municipales y los del Estado, el Pleno subrayó que el Ayuntamiento ya ha cumplido con su parte del trabajo burocrático y técnico, y destacó que todas las administraciones canarias mantienen una postura alineada en defensa del proyecto ya aprobado.
