Noticias Tenerife Las empresas españolas llevan un año atrapadas en la inseguridad jurídica por el fracaso repetido de la moratoria societaria, advierte Círculo Legal

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Las empresas españolas llevan un año atrapadas en la inseguridad jurídica por el fracaso repetido de la moratoria societaria, advierte Círculo Legal

Alba Rodríguez de Anta, socia de Círculo Legal, denuncia que el abuso de los Reales Decretos-Ley condena a las compañías a una planificación imposible

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Muchas empresas españolas siguen sin haber cerrado del todo las heridas económicas que dejó la pandemia. Para aliviar esa situación, la normativa ha permitido en los últimos años que las sociedades excluyan las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 del cálculo que determina si una compañía está obligada legalmente a disolverse, tal y como establece el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esta medida, conocida como moratoria societaria, ha ofrecido un margen vital para renegociar deuda, captar capital o ejecutar planes de reestructuración sin la presión inmediata del concurso de acreedores.

El problema es que esa protección lleva meses sin sostenerse en pie. La moratoria societaria ha sido incluida, y tumbada por falta de convalidación parlamentaria, en dos iniciativas normativas consecutivas en menos de un año: el Real Decreto-Ley Ómnibus (RDL 16/2025), rechazado el 27 de enero de 2026; el RDL 2/2026, derogado el 26 de febrero. Y sólo a la tercera, mediante el RDL 7/2026, de 20 de marzo, se consiguió la convalidación del Congreso. Cada caída ha dejado a las empresas afectadas en el mismo punto de partida: sin certeza sobre las reglas con las que deben operar.

Un síntoma de un problema mayor

La socia de Circulo Legal, Alba Rodríguez de Anta apunta a una causa estructural “El Ejecutivo ha convertido los Reales Decretos-Ley en su instrumento legislativo habitual, cuando el artículo 86 de la Constitución los reserva estrictamente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. El resultado es un Parlamento progresivamente vaciado de su función legislativa”

Qué deben hacer las empresas ahora

Rodríguez de Anta califica esta sucesión de normas fallidas de “intención frustrada: una ilusión inicial que acaba chocando de frente con la realidad parlamentaria y deja a las compañías en una situación de inseguridad jurídica que no conviene a nadie”. Ante la incertidumbre, la experta sostiene que el tejido empresarial necesita, concluye, “no son peripecias normativas de última hora, sino estabilidad y reglas claras que permitan una planificación real a medio y largo plazo”.

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