El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un comunicado para aclarar su posición frente a las recientes informaciones sobre los expedientes administrativos que afectan a determinadas actividades desarrolladas en la sede del Real Casino de Tenerife. La corporación municipal ha defendido que la adecuación administrativa de la entidad responde a criterios estrictos de seguridad, control de actividades y la necesaria protección de los derechos vecinales.
En primer lugar, el Consistorio ha querido poner en valor el peso histórico de la institución. Desde la administración local expresan de forma clara su «reconocimiento institucional hacia el Real Casino de Tenerife como una de las entidades sociales, culturales y recreativas más relevantes de la historia de la ciudad y de Canarias». Asimismo, recuerdan que su trayectoria y aportación a la vida social le han valido la Medalla de Oro de la ciudad, convirtiéndolo en una entidad que ya forma parte del patrimonio colectivo de la capital tinerfeña.
Precisamente por esta relevancia institucional, el Ayuntamiento asegura que ha mantenido numerosas reuniones y contactos con los representantes del club durante un prolongado periodo de tiempo para facilitar su adaptación a la normativa vigente. En este sentido, la administración recalca que «la actuación municipal no responde, por tanto, a una intervención súbita o desproporcionada, sino a un proceso continuado en el tiempo orientado a encontrar soluciones compatibles con la legalidad».
El marco legal en cuestión es la Ley autonómica 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos. Esta norma establece la obligación de obtener un título habilitante para cualquier actividad susceptible de generar molestias, riesgos para las personas, alteraciones de salubridad o afecciones medioambientales y acústicas. La obtención de esta autorización permite verificar, con carácter previo, el cumplimiento de medidas vitales en ámbitos como la protección contra incendios, la evacuación, los aforos, la accesibilidad, la salubridad y la insonorización o seguridad de las instalaciones. Para el Ayuntamiento, este control preventivo no es una mera formalidad, sino un mecanismo legal esencial para evitar la materialización de riesgos potenciales para las personas y el entorno.
Frente a la posible naturaleza privada de la sociedad, el Consistorio advierte que las actividades de restauración, ocio y eventos del Real Casino de Tenerife se dirigen a una colectividad amplia y presentan características propias de pública concurrencia, con independencia de su naturaleza asociativa o de la condición formal de socio. La legislación autonómica únicamente excluye de este régimen las celebraciones estrictamente familiares o privadas que no estén abiertas al público. Sin embargo, la administración detalla que la realidad funcional del Casino no puede equipararse jurídicamente a estos supuestos excepcionales previstos por la ley, ya que la normativa atiende a la naturaleza material de la actividad y no exclusivamente a la forma jurídica de la entidad. Una interpretación distinta, advierten desde el Ayuntamiento, vaciaría de contenido la propia finalidad de la ley y permitiría el ejercicio de actividades sometidas a control mediante fórmulas meramente asociativas.
El desencadenante de las recientes medidas sancionadoras obedece a riesgos que no son meramente hipotéticos. A raíz de una denuncia vecinal, se han constatado episodios de contaminación acústica que superan los límites legalmente establecidos. Como consecuencia, el Consistorio ha incoado un procedimiento sancionador que actualmente se encuentra en tramitación y pendiente de resolución definitiva, garantizando en todo momento los derechos de audiencia y defensa de la entidad afectada. El Ayuntamiento recuerda que el ruido «no constituye únicamente una molestia cotidiana, sino que afecta directamente al derecho al descanso, a la intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la vida personal y familiar en el hogar», derechos que cuentan con amparo constitucional y reconocimiento jurisprudencial. El consistorio incide en su obligación legal de garantizar el equilibrio entre el desarrollo de las actividades del club y la protección de los vecinos.
Por su parte, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha subrayado que las actuaciones practicadas responden exclusivamente al ejercicio de las potestades legales de inspección, control y disciplina administrativa. Además, han querido aclarar que los procedimientos de regularización no afectan de manera singular al Real Casino de Tenerife. Estos forman parte de actuaciones que se vienen desarrollando respecto a distintos clubes y entidades sociales de la ciudad cuya situación también requiere adaptación legal. La administración recuerda que el principio de igualdad en la aplicación de la ley les obliga a actuar con los mismos criterios ante cualquier institución.
A modo de conclusión, el Consistorio insiste en que la actuación municipal no responde a «criterios arbitrarios ni discrecionales, ni supone cuestionamiento alguno de la relevancia histórica del Real Casino de Tenerife», sino al ejercicio responsable de sus competencias en materia de seguridad y convivencia. El Ayuntamiento reitera finalmente su disposición al diálogo y a la colaboración institucional para mantener cuantas reuniones sean necesarias, de forma que la entidad pueda adaptar sus actividades a las exigencias legales vigentes en condiciones de seguridad jurídica y en adecuada convivencia con el entorno residencial.
