El Grupo Parlamentario VOX en Canarias ha puesto en marcha otra cruzada contra las “imposiciones ideológicas y recaudatorias” procedentes de Bruselas, centrando su rechazo en dos medidas concretas: las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y el impuesto municipal de residuos, al que se refiere de manera reiterada como el ‘basurazo’. A través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Parlamento regional, la formación busca el rechazo institucional a estas políticas, que ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, y que, a su juicio, tienen “nefastas consecuencias para los contribuyentes”.

El origen en Bruselas y la “laxitud del bipartidismo”

En su exposición, VOX sitúa el origen de las ZBE en una “imposición ideológica desde Bruselas” que habría llegado a España “por la laxitud del bipartidismo (PP y PSOE)”. En concreto, la medida se materializa en la «Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa». VOX denuncia que el Gobierno de España, “en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos”, acató “con alegría” estas órdenes mediante la «Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética», que obliga a implantar ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares.

VOX argumenta que, “bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50% para 2030”, esta ley ha “condenado” a más de 25 millones de españoles residentes en 149 municipios, condicionando “de forma drástica” su movilidad y hábitos de vida. La realidad, aseguran, es que miles de canarios se ven forzados hoy día a sustituir sus vehículos por otros “etiquetados” por la DGT, enfrentándose a precios “inaccesibles para la mayoría”, ya que “un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina”.

El ‘basurazo’: una “carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica”

En relación al ‘basurazo’, recuerdan que el gobierno socialista lo insertó en un decreto ómnibus en el Congreso con la férrea oposición de VOX. Bajo promesas compensatorias para Canarias se introdujeron “los impuestazos que hoy sufren los canarios”, ha denunciado el portavoz de VOX en el Parlamento canario, Nicasio Galván.

VOX detalla que el origen de esta tasa se encuentra en “la misma línea de imposiciones verdes” desde Bruselas, concretamente en la «Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 , por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos». Para trasponer esta normativa, explica el grupo, “el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.

La formación califica el principio de “quien contamina, paga” como “engañoso” y acusa al Gobierno de “obligar a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica”.

Los datos que aporta Vox son contundentes: “En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por hogar, un incremento del 16,2% respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década”. Pero advierten que “lo más grave” es que “esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos años”.

Las propuestas

El panorama, explican en el texto de la PNL desde el grupo, no es fatalista, pues es reversible ya que en otras comunidades se han logrado detener o frenar estas imposiciones. Por todo, ello, el GPVOX en el archipiélago canario instará al Parlamento de Canarias a:

1) Manifestar su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

2) Instar al gobierno de la Nación a revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles.

3) Instar al gobierno de la Nación a anular la normativa que ha implantado “el basurazo”.

4) Mostrarse favorable a que se reviertan todas las ZBE aprobadas en los municipios de nuestra región o que, en su caso, queden sin efecto y no se impongan sanciones a los vecinos.

Tal y como apostilla Galván, “es cuestión exclusivamente de voluntad política, de si queremos asfixiar a impuestos a nuestros ciudadanos o les permitimos holgura para hacer uso de sus finanzas, pues la administración debe de revisar su gestión propia antes de seguir recaudando como solución para todo”.