Las actividades ilícitas eran llevadas a cabo a través de seis sociedades vinculadas a los establecimientos alojativos.
Dos de estas mercantiles incurrieron también en un delito contra la Seguridad Social.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas, han destapado en la isla de Gran Canaria un fraude de varios hoteles a la Seguridad Social de más de 265.000 euros. Las actividades ilícitas eran llevadas a cabo a través de seis sociedades vinculadas a los establecimientos alojativos. Dos de estas mercantiles incurrieron también en un delito contra la Seguridad Social.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un trabajador de una sociedad mercantil vinculada a hoteles de la isla de Gran Canaria, poniendo de relieve irregularidades en el pago de su salario.
Las pesquisas desarrolladas por los agentes de la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas y bajo la coordinación de la Fiscalía Provincial, dio como resultado la detección de seis sociedades mercantiles vinculadas a varios hoteles de la isla a través de las cuales se había cometido un fraude a la Seguridad Social desde el año 2013 de 265.242 euros.
Modus Operandi
El fraude consistía en el pago en efectivo a los jefes de sector de los hoteles de una parte de su salario, lo que conllevaba que no se incluyera en las bases de cotización de los mismos. Como consecuencia de ello los empleados sufrían un grave perjuicio en sus derechos como trabajadores por cuenta ajena, como por ejemplo en la cuantía de la pensión de jubilación que le pudiera corresponder en su momento.
Dos de las mercantiles investigadas, además de cometer el fraude, incurrieron en un delito contra la Seguridad Social recogido en el vigente Código Penal al haber superado las cantidades defraudadas el límite establecido.
Abono a la Seguridad Social de las cantidades defraudadas
Tras la actuación policial investigadora, los hoteles implicados procedieron a regularizar su situación abonando a la Seguridad Social las cantidades debidas y legalmente exigibles, viendo de esta forma los trabajadores restituidos sus derechos laborales.
De todo ello se dio cuenta mediante el correspondiente atestado policial a la Autoridad Judicial competente.
La operación policial fue llevada a cabo por agentes del Grupo II de la Unidad Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, junto con la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas.
