El Tribunal Supremo ha respaldado la postura del Gobierno de Canarias sobre el traslado de menores migrantes no acompañados, considerando “manifiestamente inadmisible” el ritmo del Estado para derivar a los jóvenes a la península. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha mostrado su satisfacción por el auto y ha exigido al Gobierno de España que cumpla “esta vez” la orden judicial emitida hace siete meses.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha acordado requerir a la Administración General del Estado para que, en un plazo “improrrogable” de 15 días, proceda a dar cumplimiento al auto del pasado 25 de marzo. Dicha orden judicial exigía al Estado a garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran a cargo de los servicios de la Comunidad Autónoma.

El nuevo auto del Supremo surge a instancias de un escrito presentado por la Administración canaria, que denunció el “insuficiente ritmo de ejecución” de las medidas acordadas. El Tribunal reconoce que se mantiene, e incluso se ha incrementado, “la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones de la Administración autonómica“.

En su resolución, el Tribunal afirma que “no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia”. Subraya que la orden dada al Estado en marzo, completada en mayo, era que el “acceso y permanencia” de los menores en el SNAPI fuera “taxativa e inminente”. Sin embargo, tras más de siete meses, el tribunal concluye que “el ritmo de ejecución de dicho mandato es manifiestamente inadmisible”.

La consejera Candelaria Delgado se ha referido al fallo afirmando: “Otra vez el Tribunal Supremo, es decir, los órganos judiciales, son los que nos dan la razón. El Tribunal Supremo ha identificado que lo que nosotros decíamos es así y entiende que el Estado no está haciendo caso al auto que emitió hace ya siete meses”.

Delgado recalcó el esfuerzo de las instituciones autonómicas: “Desde el Gobierno de Canarias estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Es más, como indiqué el pasado martes, estamos adelantando expedientes para agilizar los trámites cuando ni siquiera el Estado nos los ha solicitado”. Finalmente, expresó su esperanza de que “de verdad ahora hagan caso al Supremo y efectivamente trasladen a esos 529 menores a la Península”.