Los 308.284.352 euros con que contará la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para 2021 suponen una subida del 6,86% (8,15% si se compara sin las partidas relativas a las elecciones de 2019).

Julio Pérez señala que se trata de unas cuentas “no continuistas” que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó la semana pasada en sede parlamentaria que las cuentas de su Departamento para 2021 (308.284.352 euros) crecen el 6,86% que, en realidad, supone un 8,15% si se excluyen las partidas relacionadas con las elecciones de 2019. Dos de las áreas que más crecen en términos porcentuales en relación a 2020 son la dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías -DGTNT- (23,59%), que el próximo año alcanzará los 72.220.363 euros, y la Dirección General de Seguridad y Emergencias -DGSE- (19,68%), hasta los 37.483.668 euros. Pérez califica estas cuentas de no continuistas y afirma que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCAA).

El consejero indicó que se trata de unos presupuestos que servirán para reducir el impacto de la pandemia de la Covid-19 y para preparar las administraciones públicas canarias para el nuevo escenario en el que deberán actuar, que les permitirán abordar las exigencias de esa nueva situación, como el teletrabajo o la atención no presencial a las que deberán habituarse las administraciones públicas en general.

Remarcó que tanto el incremento del 23,59% de la DG de Telecomunicaciones como la subida del 8,19% de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios para 2021 reflejan la intención de su Departamento de extender las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración de la CCAA.

En este sentido, insistió en que las cuentas del próximo año contienen elementos para ser optimistas en cuanto a la modernización de la Administración Pública, y recordó que este mismo año ya se ha gestionado la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma íntegra por vía telefónica. Se ha teletrabajado y se sigue haciendo, enfatizó.

En el caso de la DGTNT, los esfuerzos de esta área estarán orientados a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de Administración Pública a través del impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, indicó el consejero.

Entre otros incrementos relevantes de este centro para 2021 caben destacar la subida del 223% de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias -RESCAN- (hasta alcanzar los 1.032.000 euros); la subida del 210,21% de las Redes de nueva generación y red corporativa para soporte (2.560.000 euros); el 64,86% de crecimiento para las infraestructuras TIC (8.910.290 euros); el 36,95% en que sube la partida para Soporte de la Administración Electrónica (3.864.531 euros), o el 20,12% de incremento de la de Infraestructura y servicios de seguridad (2.832.302 euros).

En cuanto a la DG de Modernización, destacó la importancia de dos programas que muestran importantes incrementos: la Mejora de las Oficias de Información, que sube un 325,61%, hasta los 273.500 euros, y el Fomento de los Espacios Colaborativos, que aumenta un 123,39%, hasta los 189.880 euros, de los que 100.000 euros estarán destinados para la Dirección por Objetivos.

Seguridad y Emergencias

El consejero destacó también el incremento del 19,68% del área de Seguridad y Emergencia, en la que se consolida la aportación a los consorcios insulares de bomberos con una subida del 12% (hasta los 3.696105 euros), y se más que duplica la aportación a Cruz Roja, en 185,71% (hasta los 200.000 euros).

Enfatizó el refuerzo de las actuaciones destinados a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC); el apoyo a los consorcios de bomberos, salvamento marítimo, rescates y protección civil en general, y el desarrollo de las medidas de autoprotección y planificación ante las emergencias, entre las cuales se contempla la adaptación de muchas de estas medidas a la situación de emergencia sanitaria que ha provocado la Covid-19.

Asimismo, Pérez remarcó la subida del 11,66%, hasta los 9.304.179 euros, para Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del Gobierno de Canarias adscrita a esta Consejería, y a la de Sanidad, que incluye el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Entre sus funciones se incluyen las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria.

En este sentido, se han incluido dos proyectos nuevos: el de Prevención y gestión de riesgos específicos de contaminación y salvamento ligados al espacio de cooperación y la zona costera macrorregional Madeira Azores Canarias (Mawadipol), dotado con 298.588 euros, para la adquisición del material necesario para la asistencia y respuesta en caso de accidente de cruceros y la elaboración de un estudio de riesgos, así como el proyecto de la Unidad Modular de atención a Emergencias en la Macaronesia  (Umemac), que contará con 381.480 euros destinados a la creación de una unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en la Macaronesia, adquirir el material necesario y llevar a cabo la formación a sus integrantes.

En relación al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), la formación y las Policías Locales contarán con 714.302 euros en 2021; la adecuación instalaciones dispondrá de 323.162 euros; el equipamiento del CGPC, 289.200 euros, y la Galería de tiro en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, 282.642 euros.

Otras áreas

De los 308,3 millones de euros con que contará la Consejería para 2021, el 55,10% corresponden a Justicia (169.868.259 euros), por delante del área de Administraciones Públicas y Transparencia, con el 30,25% (93.252061 euros). El resto se reparte entre Seguridad y Emergencias (12,16%, 37.483.668 euros); Servicios centrales (1,67%, 5.136.119 euros); Servicios Jurídicos (0,72%, 2.231.866), y Relaciones con el Parlamento (0,10%, 312.379 euros).

Dentro del área de Justicia destaca el incremento del 45% de los fondos destinados a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que suben de 600.000 a 870.000 euros, mientras que el programa de Tribunales de Justicia, el de mayor peso, contará con 158.271.439 euros, lo que supone un incremento del 1,57%.

En cuanto a Transparencia y Participación Ciudadana, el proyecto de instrumentalización, simplificación y fomento de la participación ciudadana en las políticas de Gobierno de la Comunidad Autónoma (ECOCIV) contará con 65.000 euros, mientras que Participación y Ciudadana y Datos Abiertos tendrán 180.000 euros en 2021.

Las OPE de Consolidación y Estabilización pretenden que puedan ser superadas por interinos

El consejero también se refirió al empleo público para 2021. Al respecto, señaló que a lo largo del próximo año se realizará, previsiblemente, la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017 (225 plazas), a lo que hay que sumar las de la OPE de 2019 (216).

En total, 441 plazas. Además, explicó que la OPE Extraordinaria de Estabilización ofertará 1.522 plazas de personal laboral y 39 de personal funcionario, además de la OPE Extraordinaria de Consolidación, que ofertará 1.303 plazas de personal laboral y 57 de personal funcionario, señaló que, en la actualidad, se está terminando de ejecutar las OPE 2015 y 2016 (suspendidas por la COVID). A su término, supondrá la incorporación de 195 funcionarios de carrera.

Al respecto, calificó de “importantísimo problema y uno de los más serios que debe afrontar el Gobierno de Canarias” la estabilización y consolidación del personal que está en situación precaria. Explicó que entre las OPE de Estabilización y la de Consolidación está previsto alcanzar cerca de unas 3.000 plazas que serán ofertadas en este régimen especial que pretende favorecer, “lo digo con claridad”, la permanencia en esas plazas de las personas que están en esa situación, dentro del marco legal, aseveró.