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La Guardia Civil decomisa una nasa ilegal en la Isla de la Palma

La Guardia Civil investiga al propietario, que podría enfrentarse a una multa de hasta 60.000 euros

La Guardia Civil ha confiscado una nasa de gran tamaño en la Isla de la Palma en una operación conjunta con el personal de la Reserva Marina local. La intervención se llevó a cabo en colaboración con una embarcación perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Los agentes del Destacamento de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil descubrieron una trampa de pesca conocida como nasa, la cual se encontraba sumergida a una profundidad cinco veces menor de lo permitido por la ley.

La acción se llevó a cabo en cooperación con el personal de la Reserva Marina de la Isla de la Palma, quienes se encontraban a bordo de una embarcación proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El objetivo principal era que los agentes de la Guardia Civil pudieran controlar e inspeccionar las actividades pesqueras, tanto profesionales como recreativas, en las aguas exteriores del mar territorial en el Caladero Canario de la Isla de la Palma.

En una pequeña playa cerca de la costa de Mazo, se encontró una boya de señalización de un arte de pesca que no cumplía con los requisitos de identificación establecidos. Tras comprobar la profundidad del fondo marino, se descubrió que se trataba de una nasa ilegalmente calada a tan solo 10 metros de profundidad.

Las nasas son estructuras metálicas circulares con un diámetro de aproximadamente 310 centímetros, recubiertas por una malla también metálica de forma hexagonal. Esta nasa en particular debía haber estado sumergida a una profundidad de 50 metros.

Los agentes continúan investigando para determinar la identidad del propietario de este arte de pesca, mientras tanto, la nasa ha sido entregada a un gestor de residuos férricos para su destrucción.

Es importante señalar que calar una nasa a una profundidad menor de lo establecido no solo puede resultar en una sanción económica de hasta 60.000 euros, sino que también puede tener consecuencias negativas para las poblaciones de peces, el equilibrio del ecosistema marino, la biodiversidad y los hábitats marinos. Respetar las regulaciones establecidas y adoptar prácticas pesqueras sostenibles es fundamental para garantizar la conservación a largo plazo de nuestros recursos marinos.

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