La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) ha acusado al Gobierno de Canarias por incumplir la Ley de Bienestar Animal. La entidad señala directamente a la inacción del Ejecutivo regional al no haber aprobado aún un protocolo autonómico para la implantación de programas de gestión de colonias felinas por parte de los consistorios municipales. Esta carencia normativa, advierten, impide evitar los daños que estos animales causan sobre la biodiversidad de su entorno, afectando de manera crítica a la fauna endémica del archipiélago.

El colectivo argumenta que la ausencia de desarrollo de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, está generando un escenario de descontrol en las islas. Desde la ACBC lamentan que, como consecuencia de esta dejación del Gobierno de Canarias, “estamos asistiendo a la proliferación incontrolada de colonias felinas sin autorización y a la aprobación, por parte de los ayuntamientos, de programas de gestión de colonias felinas y ordenanzas municipales de animales domésticos que no incluyen criterios para evitar daños a la fauna endémica”.

La situación reviste una especial gravedad desde el punto de vista medioambiental cuando estas agrupaciones de gatos se localizan en las inmediaciones de espacios naturales protegidos o en territorios donde habitan especies amenazadas. La asociación subraya la alta susceptibilidad a la depredación felina que sufren poblaciones únicas como las de los lagartos gigantes de La Gomera, El Hierro y Tenerife, además de las vulnerables colonias de aves marinas.

Para frenar este impacto, la organización exige medidas inmediatas y coordinadas. “Por estas razones, solicitamos del Gobierno de Canarias aprobar un protocolo para la implantación de los programas de gestión de colonias felinas por parte de los ayuntamientos, así como el desarrollo de un programa regional de protección animal que tengan en cuenta la conservación de la biodiversidad”, afirman desde la asociación.

Las acusaciones de la entidad ecologista se fundamentan en las obligaciones legales dictadas por la normativa estatal vigente. En concreto, la ACBC recuerda que el artículo 40 de la mencionada Ley establece claramente que corresponde a las comunidades autónomas la generación de protocolos marco. Estos documentos deben fijar los procedimientos y requisitos mínimos que sirvan de referencia a los municipios para implantar sus planes de gestión, persiguiendo el objetivo de reducir de forma progresiva la población de gatos, en cumplimiento del artículo 38 de la misma ley.

La legislación exige que estos protocolos autonómicos desarrollen aspectos técnicos fundamentales. Entre ellos se incluyen los métodos de captura, los criterios para el registro tanto de las colonias como de los individuos que las componen, los procedimientos de esterilización y las directrices para la correcta formación de las policías locales y de las personas cuidadoras.

Dentro de todos estos requisitos, la ACBC hace especial hincapié en uno de los puntos contemplados en el artículo 40 que consideran el más relevante: la obligación de establecer criterios para definir procedimientos de gestión que eviten los efectos significativos de los gatos sobre la biodiversidad circundante. De acuerdo con la ley, estos criterios ambientales deben ser incorporados obligatoriamente en los Programas de Gestión de las Colonias Felinas que desarrollan los ayuntamientos.

Finalmente, la asociación señala que los incumplimientos autonómicos se extienden al artículo 22 de la normativa. Este apartado dicta que las administraciones públicas tienen el deber de aprobar programas territoriales de protección animal enfocados en promover la esterilización, prevenir enfermedades, desarrollar medidas educativas contra el abandono, y garantizar el control de la identificación animal junto con la estricta aplicación del régimen sancionador.