Diversos colectivos ecologistas y grupos de estudio y conservación de Canarias han remitido una carta al Consejo de la Red de Parques Nacionales solicitando la emisión de un informe desfavorable y la paralización inmediata de la tramitación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, promovido por el Gobierno de Canarias.

En su petición, las entidades firmantes argumentan que el documento constituye “una grave regresión en materia de conservación” y contradice los principios fundamentales de la Ley de Parques Nacionales y el Plan Director de la Red, que establecen la conservación como objetivo prioritario de estos espacios.

Según los colectivos, durante la reunión del Patronato del Parque Nacional celebrada el 29 de septiembre, los representantes científicos, técnicos y conservacionistas —incluidos los del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el CSIC y la Universidad de La Laguna— votaron en contra del nuevo PRUG. Asimismo, indican que el director del parque se abstuvo, reconociendo que el texto “no era el adecuado para la conservación de los valores del parque”.

A pesar de estas objeciones, el Gobierno de Canarias mantiene la tramitación del plan. De acuerdo con la documentación citada por los ecologistas, la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad justifica esta decisión en “razones de índole sociopolítica”, sin contar con un informe técnico de apoyo.

Los grupos conservacionistas sostienen que el principio de no regresión ambiental, que obliga a mantener e incrementar los niveles de protección, queda vulnerado por el nuevo PRUG. Denuncian que el plan relaja prohibiciones, permite actividades de alto impacto y abre la puerta a la privatización de servicios, alterando la finalidad y el régimen jurídico del Parque Nacional.

Advierten que la propuesta transforma el espacio en un área de explotación turística y comercial, relegando la conservación y poniendo en riesgo los valores biológicos, geológicos y paisajísticos que le valieron la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad. También señalan que el plan carece de un enfoque científico y técnico riguroso, perpetuando un modelo de turismo masivo que amenaza la integridad del ecosistema.

Ante esta situación, las organizaciones solicitan al Consejo de la Red de Parques Nacionales que emita un informe desfavorable y que requiera un dictamen jurídico al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para garantizar el cumplimiento de la ley. Asimismo, instan a paralizar la tramitación hasta que el texto asegure el respeto al principio de no regresión ambiental.

Finalmente, piden que se requiera al Gobierno de Canarias una revisión integral del PRUG que incorpore criterios científicos, técnicos y jurídicos acordes con los objetivos de conservación, así como el restablecimiento de un proceso de participación pública transparente y accesible, tal como exige la normativa ambiental.