San Miguel se suma al protocolo antidesahucios con el programa ‘Canarias + Viviendas x Familia’

Oficina de Servicios Sociales en San Miguel.

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona se ha adherido a un convenio de colaboración con la empresa pública de promoción de viviendas protegidas del archipiélago (Visocan). Así, tanto el alcalde Arturo González, como la concejala de Servicios Sociales Nuria Marrero,  informan que el municipio se ha acogido al programa autonómico ‘Canarias + Viviendas x Familia‘, que promueve el acceso a la vivienda a las unidades familiares que han perdido o estén en riesgo de perder su residencia habitual por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su inminente lanzamiento. El citado programa ofrece asesoramiento y mediación a quienes se encuentre en situación de riesgo habitacional, seguimiento y acompañamiento a las personas o unidades de convivencia adheridas al programa y elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.

El impulsor de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, se compromete a coordinar la intervención de los ayuntamientos y su adhesión al referido programa, informar al consistorio para el desarrollo del mismo, facilitar el modelo de informe social y ficha de derivación respectivas, asesorar técnica y jurídicamente en materia de vivienda y aportar una bolsa de viviendas. El Ayuntamiento de San Miguel ha de emitir un informe en un plazo de 10 días hábiles.

Ambos mandatarios municipales ponen de manifiesto que «es una medida que establece un protocolo unificado de acción entre la administración local y regional para hacer frente a situaciones de procedimientos judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda por merma de la capacidad económica, bien por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. Situaciones graves que ahora van a tener una nueva forma de abordarse”

En el marco de este programa ‘Canarias + Viviendas x Familias’ se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada ayuntamiento que haya conveniado, además de dos representantes de la comunidad autónoma, un jurídico y un trabajador social.

 

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