El Partido Animalista PACMA ha instado este lunes al Ayuntamiento de Güímar a garantizar el cumplimiento de su propio acuerdo plenario sobre el uso de pirotecnia de bajo impacto sonoro, tras los incidentes registrados el pasado domingo 12 de julio.

Durante el acto de la Entrega de Llaves de las Fiestas Patronales de San Pedro, que congregaba a las comisiones de San Pedro Arriba y San Pedro Abajo, se produjo el lanzamiento de una traca de fuerte impacto que —explica PACMA— no figuraba en la programación oficial. Según ha documentado la formación, este hecho sorpresivo generó graves molestias a personas con sensibilidad auditiva y escenas de terror entre los animales presentes en la zona.

La portavoz nacional del partido, Yolanda Morales, ha difundido a través de las redes sociales de la delegación canaria un vídeo que refleja este episodio, señalando que representa solo uno de los múltiples casos de explosiones registrados a lo largo de los festejos desarrollados entre junio y julio. La representante explica que, en esta ocasión, las detonaciones causaron situaciones de “auténtico pánico”, provocando que varios asistentes tuvieran que abandonar el evento de manera precipitada ante las reacciones de sus perros. Para ilustrar la gravedad de los hechos, Morales relata que una de las asistentes se vio obligada a “cargar en brazos con un animal de gran peso que, completamente aterrorizado, era incapaz de caminar”. Asimismo, una mujer de más de ochenta años, usuaria de audífono, se vio forzada a retirarse inmediatamente del lugar debido al estruendo de la explosión.

Un acuerdo que resulta “insuficiente”

El trasfondo de esta reclamación se sitúa en octubre de 2020, fecha en la que el pleno del Consistorio de Güímar aprobó una moción diseñada para priorizar la contratación de pirotecnia de bajo impacto. El objetivo central de dicho documento era proteger el bienestar animal y resguardar a las personas sensibles al ruido, comprometiéndose a establecer pautas municipales, estudiar alternativas respetuosas con el medioambiente y promover la iniciativa entre los colectivos locales.

Sin embargo, en la práctica, este acuerdo parece perder su efecto al interpretarse que solo limita las contrataciones directas del Ayuntamiento, sin imponer una condición general y obligatoria a las asociaciones ciudadanas o comisiones de fiestas, quedando en el aire la autoría de la contratación de la traca del pasado 12 de julio.

Ante este vacío en la aplicación de la norma, Morales subraya que la ambigüedad “no puede utilizarse para eludir la responsabilidad política del Ayuntamiento“. La portavoz califica de incoherente que la corporación local proclame su compromiso institucional con la reducción del ruido mientras en sus espacios públicos y dentro de su programación oficial se siguen permitiendo espectáculos que afectan gravemente a personas mayores, ciudadanos con trastornos del espectro autista, personas con hipersensibilidad auditiva u otras condiciones médicas.

Además, desde la entidad recalcan que el simple hecho de avisar con antelación, aunque es una medida indispensable, no resuelve el problema de fondo, ya que una explosión programada sigue teniendo la misma capacidad de generar dolor, desorientación y ansiedad en aquellos seres vivos que no pueden comprender su origen.

¿Quién promovió, contrató y autorizó la traca?

Para atajar la situación y dotar de efectividad al acuerdo, la formación política ha presentado una batería de exigencias concretas al Ayuntamiento de Güímar. En primer lugar, solicitan una aclaración oficial y transparente sobre qué entidad o persona promovió, autorizó y contrató el material pirotécnico lanzado en la Entrega de Llaves, detallando expresamente si existió algún tipo de colaboración o financiación de carácter municipal.

Por otro lado, reclaman la habilitación de un canal único del Ayuntamiento donde se publiquen de forma anticipada todas las exhibiciones autorizadas, especificando en todo momento la entidad organizadora, el lugar exacto, el horario, la duración y el impacto sonoro estimado de la actividad.

Asímismo, PACMA exige que cualquier concesión de subvenciones, permisos, cesión de espacios públicos o provisión de medios municipales quede estrictamente supeditada a la renuncia del uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, promoviendo su desuso entre todas las asociaciones organizadoras de eventos.

La delegación insiste en que las instituciones deben liderar la normativa, concluyendo que Güímar dio un primer paso en 2020, pero “aquel acuerdo resulta insuficiente sin normas ni coordinación”, ha dicho Morales.