El concejal Pedro Hernández defenderá en el pleno que la corporación inste al gobierno central a tomar medidas legislativas.

La coalición Sí Podemos Granadilla propone al Ayuntamiento que se sume a la demanda ciudadana por la vivienda digna. El concejal Pedro Hernández defenderá en el pleno que la corporación inste al gobierno central a tomar medidas legislativas.

La coalición integrada por Equo, Sí se puede y Podemos propone en su moción que el Ayuntamiento de Granadilla inste al Gobierno central a aprobar una ley estatal que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución, de forma que se incluya también el acceso a los suministros básicos.

Esta acción legislativa, a juicio de Sí Podemos Granadilla, debe contemplar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), las observaciones generales 4 y 7 del Comité DESC y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las resoluciones y dictámenes del Comité DESC en materia de vivienda, y garantizar su aplicación inmediata y vinculante en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional.

Por último, la coalición plantea que el Ayuntamiento de Granadilla inste también al gobierno central a regular el mercado del alquiler de viviendas, de forma que se establezcan mecanismos de control de precios y de promoción de bajadas de precios, tanto en contratos en vigor como en contratos futuros con el fin de impedir precios abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda. Asimismo, a juicio de la coalición, esta acción legislativa debe ir dirigida a garantizar el alquiler estable, seguro y asequible, a aumentar el parque público de vivienda en alquiler social y a adoptar mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes.