El escenario político en el Ayuntamiento de Arona atraviesa un momento de alta tensión institucional tras salir a la luz una presunta trama de “guerra sucia” política gestada desde los propios despachos municipales. El grupo municipal socialista, principal fuerza de la oposición liderada por José Julián Mena, ha destapado lo que consideran una maniobra irregular, ética y políticamente reprobable: el uso de recursos públicos por parte del gobierno local, conformado por la coalición PP, Coalición Canaria y Vox, para enviar correos electrónicos anónimos a los medios de comunicación atacando la labor del PSOE.

La controversia tiene su origen en la difusión de una serie de comunicados que no llevaban el sello oficial del equipo de gobierno ni de los partidos que lo integran, una práctica habitual en la comunicación institucional. En su lugar, los remitentes se amparaban en el anonimato bajo alias como “Pajarito” y empleando cuentas gratuitas de plataformas de correo electrónico. Sin embargo, el intento de ocultar la autoría de estos ataques quedó frustrado por la huella digital que los sistemas informáticos dejan de manera automática.

Según la denuncia pública de los socialistas, un análisis exhaustivo de los metadatos de los correos electrónicos a los que ha tenido acceso El Digital Sur reveló una conexión directa con el núcleo de confianza de la alcaldesa, Fátima Lemes (PP). El rastro cibernético apuntó específicamente a dos de sus asesores, Jorge Alayón Gil y Andrea Gil Álvarez. La información técnica extraída de los envíos no solo identificaba a los usuarios de los equipos, sino que confirmaba que la “empresa” desde la cual se emitían los mensajes era, de forma irrefutable, el “Ayuntamiento de Arona”, y que la acción se ejecutó en pleno horario laboral.

El contenido de esta campaña en la sombra se centró en dos frentes de ataque bien definidos. El primer correo anónimo acusaba a dos concejales del PSOE de haber accedido a las dependencias municipales para, supuestamente —según la versión del gobierno local— “amedrentar” a un técnico del consistorio, una acusación que la formación socialista vincula con el intento de la regidora local de los populares de silenciar a la oposición y ocultar proyectos urbanísticos judicializados en Parque La Reina. Este envío inicial, que llegó a publicarse en diversos medios de comunicación, motivó una queja formal del PSOE en comisión, donde ya señalaron a la alcaldesa como presunta instigadora.

Posteriormente, un segundo mensaje masivo intentó poner el foco en una reciente sentencia judicial que condenaba al Ayuntamiento por impagos en publicidad institucional durante la precampaña electoral del año 2023. La deuda, cifrada en 36.208 euros, fue instrumentalizada en este segundo correo anónimo para cargar contra la gestión previa, a pesar de que los socialistas sostienen una versión totalmente distinta. Fue precisamente el análisis de este segundo documento el que permitió al PSOE recabar las pruebas informáticas definitivas.

Según recoge en la publicación de este [19] el periódico Canarias Ahora, desde el área de Prensa del gobierno local (PP-CC-Vox) indicaron este miércoles que no les consta dicha situación y que, tras realizar consultas, no podían dar una respuesta por falta de datos. Según la misma fuente, hasta este jueves, esa sigue siendo la “no respuesta” del ejecutivo. Frente a esto, el PSOE se ratifica por completo en su denuncia y considera que el caso es muy grave desde el punto de vista ético y político, con evidentes visos desde la perspectiva legal.