El Proyecto de Interés Insular Parque Regenerativo Underwater Gardens Park Tenerife, proyectado en el enclave de Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora, ha quedado abocado a su archivo definitivo en su configuración actual. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha abordado este miércoles la propuesta para denegar de forma definitiva la aprobación de la iniciativa y elevará ahora el dictamen al Pleno de la Corporación insular. La decisión se fundamenta en los informes técnicos y jurídicos del expediente, los cuales dictaminan que el plan incumple los requisitos legales para su desarrollo, presenta carencias técnicas, mantiene incompatibilidades territoriales, arrastra inconsistencias económicas y se ha apartado de los fines científicos, de investigación y de regeneración ambiental por los que fue declarado de interés insular en el año 2022.
El revés administrativo se produce tras agotarse la fase de alegaciones. El pasado 16 de junio, tras un primer pronunciamiento desfavorable en ese mismo mes, la institución insular remitió a la empresa promotora los informes negativos y abrió un trámite de audiencia para que pudiera subsanar el expediente y presentar alegaciones. Aunque la entidad registró un escrito el 20 de julio solicitando continuar con la tramitación, un nuevo informe técnico emitido el 27 de octubre ratificó los reparos de junio y concluyó que los argumentos de la empresa “no desvirtúan los fundamentos del pronunciamiento desfavorable”. En consecuencia, la propuesta aprobada por el Gobierno insular plantea desestimar íntegramente las alegaciones al constatar que no se han corregido las deficiencias advertidas, por lo que “no procede continuar con los trámites de información pública y consultas institucionales de un proyecto que no cumple los requisitos técnicos y jurídicos exigibles para su aprobación como Proyecto de Interés Insular”.
Invasión de suelo costero protegido y carencias en redes básicas y financiación
Uno de los escollos insalvables radica en la ocupación del territorio y la falta de definición de las infraestructuras básicas. Los informes técnicos advierten de que la versión entregada por la promotora vuelve a incluir actuaciones y determinaciones sobre suelo rústico de protección ambiental costera, una categoría en la que la normativa vigente impide intervenir a un proyecto de interés insular de iniciativa privada en los términos planteados. Aunque el Cabildo había requerido expresamente a la empresa que reconfigurase el diseño para adaptarlo a la ley —eliminando las intervenciones incompatibles con dicha protección y concentrando la actuación en suelo rústico común sin perder su naturaleza regenerativa—, la documentación aportada no resolvió satisfactoriamente esta exigencia.
A esta incompatibilidad urbanística se suma que el proyecto básico de obras carece del nivel de definición indispensable para verificar cómo se construiría y operaría el recinto. Los técnicos señalan que no están suficientemente acreditadas las infraestructuras de abastecimiento de agua, suministro eléctrico, captación y utilización de agua de mar, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, evacuación de aguas pluviales y telecomunicaciones. Asimismo, sigue sin resolverse la insuficiente definición de las actuaciones de gestión y la falta de acreditación de la disponibilidad jurídica de todos los terrenos necesarios para ejecutar las conexiones exteriores con las redes generales de servicios. Sobre este punto, los informes subrayan que “se trata de elementos imprescindibles para garantizar que las instalaciones puedan construirse y funcionar efectivamente, y no de cuestiones accesorias que puedan dejarse para una fase posterior”.
En el apartado económico-financiero, el expediente también detecta lagunas sobre la justificación del coste total de la actuación, la ejecución de las obras de urbanización, la implantación de los servicios y las fuentes de financiación previstas. La legislación obliga a la promotora a asumir íntegramente el coste de las obras requeridas para conectar el complejo con las redes generales de servicios y comunicaciones, garantizando tanto la operatividad como la calidad de las infraestructuras públicas existentes; no obstante, los documentos entregados por la compañía no acreditan de manera suficiente cómo se resolverán ni cómo se financiarán estas intervenciones.
Desconexión con la restauración marina que justificó el interés insular en 2022
Más allá de los incumplimientos urbanísticos y financieros, el eje central del rechazo radica en la desnaturalización del propósito medioambiental del parque. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que aquella declaración de interés insular acordada en 2022 estuvo vinculada a una iniciativa que aspiraba a combinar investigación científica, educación ambiental y regeneración de ecosistemas marinos, pero que la propuesta finalmente presentada ha perdido, a juicio de los informes, esa conexión esencial con la restauración ambiental que justificaba su carácter estratégico para Tenerife.
Para el Cabildo, “el proyecto no puede entenderse como una actuación exclusivamente terrestre”, dado que su planteamiento original descansaba en el vínculo directo entre los recintos en tierra y las intervenciones de investigación y regeneración en el medio marino, concretadas en el denominado Sea Garden y en las Áreas de Restauración Ambiental. Al estar estrechamente ligada la viabilidad de ambas partes, la imposibilidad de demostrar las actuaciones en el mar compromete tanto la justificación como la funcionalidad de las instalaciones en tierra. La documentación de la promotora no logra acreditar ni la viabilidad técnica y jurídica de esas labores de regeneración marina ni la obtención de las autorizaciones pertinentes para ejecutarlas. De este modo, dictaminan los técnicos, sin ese pilar científico y ambiental, los espacios y equipamientos concebidos para la divulgación, la investigación, la biodiversidad y las actividades asociadas al buceo “pierden la conexión con el propósito regenerativo que debía dar sentido al conjunto”.
Desde la Corporación insular se puntualiza que la declaración de interés insular otorgada en 2022 no implicaba una autorización automática ni garantizaba el visto bueno definitivo, sino que estaba supeditada al cumplimiento estricto de los requisitos legales, territoriales, ambientales, técnicos y económicos. Asimismo, el Ejecutivo tinerfeño aclara que la resolución que ahora se eleva al Pleno no genera obligaciones económicas ni compromisos de gasto para las arcas del Cabildo, y precisa que el acuerdo “no supone declarar inviable cualquier posible actuación relacionada con Underwater Gardens, sino denegar este Proyecto de Interés Insular en la configuración y con la documentación que constan actualmente en el expediente”.







