El Ayuntamiento de Arona ha decidido agotar la vía judicial y elevar al Tribunal Supremo el litigio referente a una solicitud de licencia urbanística en la zona de El Palm-Mar. El Consistorio presentó ayer formalmente un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado 5 de noviembre de 2025, la cual aborda una actuación en una parcela con afección parcial al paraje natural de la Montaña de Guaza y a espacios integrados en la Red Natura 2000.
La decisión de recurrir ante el Alto Tribunal responde, según fuentes municipales, a la necesidad de que se clarifique el criterio jurídico aplicable en aquellas intervenciones que puedan tener incidencia en espacios protegidos. Con este movimiento, la administración local busca evitar interpretaciones legales que, en la práctica, pudieran derivar en una reducción de las garantías ambientales exigibles en el municipio.
Desde el Ayuntamiento se ha querido matizar el alcance de la sentencia del TSJC, subrayando que dicho fallo no conlleva el otorgamiento automático de ninguna licencia urbanística. En este sentido, la institución recalca que cualquier resolución municipal final deberá adoptarse en estricta conformidad con la normativa vigente y supeditada a los informes técnicos y sectoriales pertinentes.
Defensa del territorio y marco legal
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha explicado que el recurso busca “que se aclare el criterio aplicable y se mantenga el máximo nivel de protección ambiental”, reafirmando la postura del grupo de gobierno en defensa del territorio y de las zonas protegidas.
Lemes ha reconocido la complejidad de la situación, señalando que “existe una clara necesidad de ordenar, regular y proteger el territorio”. La regidora admitió las limitaciones que impone el actual marco normativo al afirmar que, “si dependiera únicamente de ella, no se permitirían muchas de las situaciones que se están produciendo”. No obstante, reconoció que la legislación vigente es la que genera en ocasiones este tipo de conflictos, por lo que aseguró que el Ayuntamiento “seguirá insistiendo, dentro del marco legal, en la protección del territorio, de los espacios y las zonas protegidas”.
Conflicto normativo
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, ha manifestado que el municipio se posiciona firmemente del lado de la conservación. “En un asunto como este, Arona está del lado de la protección ambiental y de quienes reclaman que se actúe con el máximo rigor para preservar enclaves de alto valor natural”, declaró el edil.
Baute definió la situación actual como un “conflicto de qué ley aplicar” y concluyó asegurando que el Consistorio acatará la resolución final de la justicia: “Acabaremos aplicando lo que digan los tribunales, como siempre”.
