Han transcurrido tres años desde que el Tribunal Supremo dictó la Sentencia 1192/2023, que anuló el Decreto 116/2018 del Gobierno de Canarias por carecer de rango legal y de una previsión financiera suficiente, y un año desde que el Pleno del Ayuntamiento de Arico reclamó al Ejecutivo autonómico una solución definitiva. Sin embargo, los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes continúan sin un marco jurídico que les permita prestar el servicio de socorrismo con seguridad jurídica, al no haberse aprobado todavía la ley que el propio fallo judicial hacía necesaria.
La moción aprobada en julio de 2025 por el Pleno del Ayuntamiento de Arico, con los votos favorables del grupo de gobierno (PSOE-PP) y Arico Somos Todos (AST), y el voto en contra de Coalición Canaria, instaba al Gobierno de Canarias a actuar de forma inmediata mediante la puesta en marcha de un programa regional de socorrismo para los municipios afectados y, de manera definitiva, a aprobar una norma con rango de ley, dotada de financiación específica, que garantizara la prestación de este servicio esencial. Además, solicitaba la creación de un sistema de coordinación entre administraciones, campañas de sensibilización y la dotación inmediata de vigilancia en las playas mientras se tramitaba la nueva regulación.
Un año después de aquel acuerdo plenario, y tres años después de la sentencia del Tribunal Supremo, esa situación continúa sin resolverse. El Ayuntamiento de Arico recuerda que no corresponde a los municipios resolver este vacío legal, sino al Gobierno de Canarias, que es la administración competente para legislar en esta materia, establecer el marco jurídico que ampare a los ayuntamientos y dotar de la financiación necesaria para garantizar un servicio esencial para la seguridad de residentes y visitantes.
Mientras esa ley no se aprueba, los municipios de menos de 20.000 habitantes continúan soportando una situación de incertidumbre jurídica que dificulta e impide en muchos casos la contratación del servicio de socorrismo en playas tan necesario.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Arico ha seguido trabajando a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para contribuir a la elaboración de la futura regulación. En el seno de la Comisión de Administración Pública y Seguridad, la FECAM ha trasladado al Gobierno de Canarias propuestas concretas para que la futura ley garantice una financiación suficiente, criterios objetivos de reparto y un marco competencial claro para los municipios.
Andrés Martínez: “La solución depende del Gobierno de Canarias”
El alcalde de Arico, Andrés Martínez, recuerda que el Ayuntamiento continuará defendiendo la seguridad de las playas, pero insiste en que la solución definitiva no depende de los municipios.
“Han pasado tres años desde la sentencia del Tribunal Supremo y un año desde que este Ayuntamiento reclamó una solución institucional. El problema sigue exactamente donde estaba: el Gobierno de Canarias no ha culminado la regulación que exige la sentencia y los municipios seguimos sin el marco jurídico necesario para prestar este servicio con seguridad.”
“Los ayuntamientos seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, pero necesitamos que el Gobierno de Canarias asuma la responsabilidad que le corresponde, apruebe la ley y garantice la financiación necesaria para un servicio esencial como es el socorrismo en nuestras playas.”
Olivia Delgado: “Los municipios hemos cumplido; ahora debe cumplir el Gobierno de Canarias”
La primera teniente de alcalde de Arico y miembro de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAM, Olivia Delgado, subraya que durante este tiempo los municipios han trabajado conjuntamente para aportar soluciones técnicas y jurídicas al Ejecutivo autonómico.
“La sentencia del Tribunal Supremo fue muy clara: esta situación debía resolverse mediante una ley y con financiación suficiente. Tres años después, esa obligación sigue pendiente de cumplimiento. No estamos hablando de una decisión que puedan adoptar los ayuntamientos por sí solos; estamos hablando de una responsabilidad que corresponde al Gobierno de Canarias.”
“Desde la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAM hemos trabajado con propuestas concretas para que la futura ley responda a la realidad de los municipios costeros. Hemos defendido financiación suficiente, criterios objetivos de reparto y un marco jurídico que aporte seguridad a los ayuntamientos. Ahora corresponde al Gobierno de Canarias cumplir con la sentencia y con los compromisos adquiridos.”
“Existe una enorme preocupación entre los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes porque hablamos de un servicio directamente relacionado con la protección de la vida de las personas. Nuestros litorales reciben cada año a miles de vecinos y visitantes y garantizar su seguridad debe ser una prioridad para todas las administraciones. Los ayuntamientos queremos prestar ese servicio, pero necesitamos que el Gobierno de Canarias nos dote del marco legal y de la financiación que nos permita hacerlo con todas las garantías”.
El Ayuntamiento de Arico reitera que continuará trabajando junto a la FECAM para defender los intereses de los municipios costeros y exige al Gobierno de Canarias que transforme en una realidad los compromisos adquiridos, aprobando cuanto antes la ley que permita cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo y garantice, de forma definitiva, la seguridad jurídica y la financiación necesarias para prestar el servicio de socorrismo en las playas de los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Mientras tanto, el consistorio continúa desarrollando campañas de concienciación y prevención en materia de seguridad en las playas en colaboración con Protección Civil y mantiene operativos los tótems de emergencia instalados en el litoral. No obstante, considera que estas medidas, aunque importantes, no pueden sustituir un servicio profesional de socorrismo, cuya implantación sigue siendo imprescindible para garantizar una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia.
