El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Santa Úrsula llevó este jueves, 30 de julio, al Pleno una moción destinada a rechazar la regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta, presentada por la portavoz de la formación, Mariana Cueva, instaba en su redacción original al Ejecutivo central a derogar el Real Decreto 316/2026 y finalizar dicho proceso. Asimismo, la iniciativa defendía la repatriación de las personas que permanecen de forma ilegal en el país y solicitaba establecer la prioridad nacional para acceder a los programas públicos de vivienda y a las ayudas sociales.
A pesar de ser la única iniciativa incluida en el orden del día del Pleno ordinario de este mes de julio, la moción no pudo someterse a votación. Durante el desarrollo de la sesión, la secretaria del Pleno señaló que el Consistorio no podía instar al Gobierno de España sobre esta cuestión y precisó que la intervención de los grupos municipales debía limitarse a manifestar su posición al respecto.
En la exposición de motivos del texto, Cueva advirtió sobre las repercusiones de la medida en los servicios municipales, señalando que las áreas de padrón, registro y servicios sociales pueden experimentar un aumento importante de solicitudes. Según la propuesta, la concejal señalaba que “esta situación supone una mayor carga de trabajo y puede provocar retrasos en la atención habitual a los vecinos de Santa Úrsula”.
Con el objetivo de prevenir estos retrasos, la portavoz reclamó que la Corporación municipal no contrate personal adicional, no autorice la realización de horas extraordinarias ni articule dispositivos especiales para gestionar este trámite. En la explosición de motivos, Cueva afirmaba que “las solicitudes deben atenderse con los medios, el personal y los horarios habituales del Consistorio, sin alterar las prioridades presupuestarias ni perjudicar el funcionamiento ordinario de los servicios municipales”.
Asimismo, la representación de VOX solicitó que la comprobación de cualquier expediente tramitado en la administración local se realice “de manera individual, rigurosa y sin automatismos”. En lo referente a la evaluación social, la edil concretó: “En el caso de los informes de vulnerabilidad, solicito que no se emitan sin comprobar previamente la situación real de cada solicitante, realizando entrevistas personales, analizando la documentación aportada y verificando su situación laboral y patrimonial, su empadronamiento y si recibe otras ayudas”.
El escrito remitido por el grupo de la oposición concluye recordando que esta misma iniciativa se ha debatido en otras corporaciones locales de Tenerife, como San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. En ambas municipalidades, aunque la moción no resultó aprobada, las corporaciones locales sí permitieron su exposición y posterior votación por parte del conjunto de los grupos municipales.
