El Cabildo insular ha pedido a la empresa pública Tragsa que disponga de Guardas Rurales para desempeñar labores de vigilancia y control en este espacio de dominio público.

El pasado 23 de abril de 2019, el expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso aprobó en Consejo de Gobierno una inversión de 5,5 millones de euros para la ejecución del servicio de limpieza, mantenimiento, apoyo al uso público y apoyo a la vigilancia del Parque Nacional del Teide durante el periodo 2019-2023

El servicio de apoyo a la vigilancia en este espacio de dominio público será subcontratado y lo realizará una empresa de seguridad privada mediante la figura de guardas rurales quienes a su vez sustituirán al actual personal de Tragsa

Los actuales trabajadores se sienten engañados pues les han informado que en septiembre tendrán que dejar el puesto de trabajo que llevan ocupando, la mayoría de ellos, durante más de 20 años.

Los trabajadores de Tragsa quieren mantener su trabajo en el Parque Nacional y en las mismas condiciones que han tenido siempre. La mayoría de los eventuales perderán de forma inmediata su puesto de trabajo pues no existe cláusula de subrogación y las condiciones de trabajo de la empresa de seguridad privada, en cualquier caso, serán más precarias.

La desconfianza y la incertidumbre aumentan así que el colectivo rechaza que haya despidos y reubicaciones dudosas, así como las intenciones de la empresa Tragsa para con ellos, negándose en redondo a perder sus actuales puestos en el Parque Nacional.

En los últimos dos años y por requerimiento de la dirección del Parque Nacional y el propio Cabildo Insular, estos trabajadores de Tragsa fueron “reconvertidos”, formados y uniformados como Guardas Rurales (Seguridad Privada).

Tras una denuncia a finales de 2018 del sindicato USO y la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (AFMACAN) por intrusismo, la Guardia Civil advirtió a la empresa pública Tragsa de su supuesta irregularidad teniendo ésta que devolver a su personal al estado anterior.

Actualmente hay 16 trabajadores quienes, ya sin uniformidad de Guarda Rural, han vuelto a las condiciones normales de trabajo de apoyo a la vigilancia e información que venían desarrollando todos estos años anteriores.

Para muchos no queda claro si el Parque Nacional del Teide entraría o no en el ámbito de actuación del personal de seguridad privada pues según los contenidos previstos en la Ley que rige este sector, los guardas rurales en sus distintas especialidades ejercerán sus funciones en la esfera del ámbito privado.

Según el propio Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, los servicios a desarrollar por los guardas rurales no deberían ser prestados en terrenos de dominio público, en sus vías de comunicación o en cualquier otro lugar incluido en el ámbito de la esfera pública debiendo desarrollarse, por tanto, en terrenos de dominio privado pues no se estaría en ninguno de los supuestos referidos en la mencionada Ley en su articulado.

Por lo anterior, y según esta misma norma, los guardas rurales sólo podrían desempeñar su labor en terreno cinegético especial de caza controlada no siendo el caso del Parque Nacional del Teide.