La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), se ha referido sobre el anuncio del Ministerio de Vivienda sobre la supuesta retirada de 53.000 pisos turísticos ilegales, de los cuales 8.698 se encontrarían en Canarias. En el Pleno del Parlamento de Canarias de este martes [23], De León respondió a una pregunta en la que aseguró que “el Gobierno de España no tiene competencias para retirar viviendas del mercado turístico” ya que estas recaen en las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y turismo.

De León calificó de “carente de fundamento” el anuncio del Gobierno central y subrayó que “no se ha retirado ni una sola vivienda del mercado turístico”. Según la consejera, la confusión surge de un problema técnico: las viviendas no han obtenido su número de registro en la ventanilla única digital, lo que les impide publicitarse en plataformas como Airbnb o Booking. Sin embargo, esto no las convierte en ilegales ni implica que dejen de ejercer su actividad turística.

“Afirmar que estas viviendas se incorporan automáticamente al mercado residencial o que están fuera de la legalidad es, sencillamente, engañar a la ciudadanía”, sentenció De León. La consejera explicó que, aunque no puedan usar ciertas plataformas, los propietarios pueden continuar comercializando sus pisos a través de páginas web propias, redes sociales, portales inmobiliarios o incluso mediante el boca a boca.

Sobre este asunto, De León señaló que el Estado ha actuado “sin consenso con las comunidades autónomas” y explicó que “desde esta Consejería hemos solicitado formalmente la relación completa de los 8.698 pisos detectados en Canarias a partir de las revocaciones en el registro único estatal, para poder verificar si realmente son ilegales, si han sido dados de baja voluntariamente o si, simplemente, no han completado el proceso registral”.

La carta de la ministra

La consejera canaria fue especialmente crítica con la “actuación en solitario” del Gobierno de España, revelando además el contenido de una carta de la ministra de Vivienda que, a su juicio, confirma que el Ejecutivo central no ha tomado medidas directas. De León leyó textualmente: «Desde el Gobierno de España ponemos a vuestra disposición todos los datos para que, en el marco de vuestras competencias, podáis inspeccionar y clausurar estas viviendas». La consejera recalcó que, con esta comunicación, “el Estado está reconociendo que no ha clausurado ninguna vivienda y no ha incorporado ninguna al mercado residencial”.

En este sentido, la consejera se refirió específicamente a un documento Excel adjunto a la carta que incluye la relación de los supuestos pisos turísticos ilegales. De León criticó el “incumplimiento flagrante del Real Decreto” por parte del Gobierno central, ya que la normativa especifica que las altas, suspensiones y bajas de los registros deben notificarse de forma telemática —por la Ventanilla Única Digital— a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pese a que el Gobierno de Canarias solicitó formalmente la adhesión a la Ventanilla Única Digital en julio para la gestión de las viviendas, la respuesta del Ministerio en septiembre fue insuficiente y presentó errores técnicos que dificultaron la integración.

En la misma carta, el Gobierno de España pide “valentía para regular una actividad que colisiona con la función social de la vivienda” e insta a las comunidades a actuar. Ante esto, De León dedicó un mensaje directo a la bancada del Partido Socialista en Canarias, recordándoles que solicitaron dos prórrogas para retrasar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. “¿Dónde está entonces su compromiso con la regulación?”, sentenció. Finalmente, la consejera también criticó la Ley de Vivienda estatal, a la que se refirió como un “verdadero efecto llamada para la proliferación de pisos turísticos”.