Las auditorías realizadas a los entes dependientes del sector público insular han destapado graves irregularidades durante los ejercicios 2015 y 2016, tal y como consta en el informe presentado por la Intervención General  hoy en el pleno del Cabildo de Tenerife.

Durante la intervención en el punto en el que se daba cuenta de las auditorías de cumplimiento, la vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, ha resumido irregularidades tales como “el incumplimiento flagrante y sistemático de la ley de contratos, utilizando todas las vías posibles para eludir la publicidad y la concurrencia”.

Asimismo, ha hablado de “contratos disfrazados de convenios que tenían que haberse sometido a la ley de contratos; criterios de valoración indefinidos, oscuros e inexistentes en muchas ocasiones; uso del procedimiento negociado sin publicidad sin estar justificado; uso continuo, abuso y mal uso de la figura del contrato menor de un modo tosco y grosero, llegando a hablar incluso de prórroga de contratos menores, cuando sabemos que esa práctica va justo contra la propia naturaleza y regulación de ese modalidad contractual ” recordando que , por este mismo tema ya hay algún caso en la Fiscalía.

La consejera habló, además, de “fraccionamiento del contrato para eludir la publicidad; de contratos patrimoniales sin la publicidad y la concurrencia; del uso y abuso del contrato de patrocinio sin evidenciar los elementos de retorno que todo contrato de patrocinio debe tener”; y por ello, añadió que “nuestro objetivo es racionalizar y  redimensionar el sector público empresarial del Cabildo,  ajustándolo a las necesidades reales de la ciudadanía y que permee el mensaje en las empresas públicas de que, en su proceder, se tienen que ajustar a la legalidad porque trabajan con dinero público”.

En el Área de Recursos Humanos, Berta Pérez explicó en el pleno que se ha evidenciado “la contratación no correcta de algunos gerentes, en ocasiones,  sin el informe preceptivo y  favorable de los servicios de la corporación, además de contrataciones en estas empresas de personal sin autorización del ente matriz, lo que ha generado una masa de trabajadores contratados sin la debida publicidad y concurrencia y que ya están dentro de la empresa, pudiendo haber incurrido en la  figura de la cesión irregular de trabajadores”. “En cuanto al tema retributivo, se advierte del cobro de determinados complementos por determinados gerentes y determinado personal que no estaban contemplados ni en el convenio ni en el contrato”, apuntó.

En relación al tráfico ordinario de los fondos públicos, “la Intervención General y las auditorías evidencian -según agregó- dos asuntos que corregir, porque da pavor la alegría con que se ha utilizado el dinero público, como por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito por personas no autorizadas, o incluso que están a nombre de personas que no están en el organigrama de la empresa, o que no conste ninguna evidencia de que los gastos realizados con esas tarjetas se correspondan con gastos propios de la entidad”.

La consejera reflexionó en este punto haciendo referencia a lo ocurrido en la gestión de Sinpromi hace años, y dijo: “Me llama la atención que con el triste caso que hubo en esta corporación con el tema de Sinpromi, no se han dispuesto unas instrucciones para el manejo de las operaciones realizadas con dinero en metálico. La corporación actual, dentro del análisis que estamos haciendo del sector público dependiente del Cabildo, va a implantar una guía de actuación tanto en este aspecto como en el uso de las tarjetas de crédito, en la línea informada por la propia a Intervención General”.

Por último, señaló el “incumplimiento flagrante de la Ley de Transparencia que se aprobó en 2013, y estos hechos ocurren entre 2015 y 2016, ya que ni siquiera se tenía habilitado el acceso de la ciudadanía a la información”.

Durante su intervención, también hizo alusión a la forma “oscura de gestionar” las empresas públicas y, como ejemplo, recordó el informe “que ha sido remitido a la Fiscalía por la Intervención, advirtiendo de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y prevaricación en cuanto a unas extrañas operaciones llevadas a cabo por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en relación a la compra de unos terrenos en Geneto para albergar un polo científico en un suelo que no era apto para ello y con una tasación que quintuplica su valor”.