VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defenderá en el próximo Pleno (viernes 27) una propuesta para paralizar la implantación de las zonas de estacionamiento regulado (ZER) en el municipio, ante el riesgo, aseguran, de que se conviertan en un nuevo mecanismo recaudatorio que perjudique directamente a familias y trabajadores. El portavoz de VOX, Alejandro Gómez, advierte en la exposición de motivos que la deriva que están adoptando numerosas ciudades españolas, donde el estacionamiento regulado ha dejado de ser una herramienta puntual de ordenación para convertirse en un sistema permanente de restricción de la movilidad y de presión económica sobre los vecinos.
VOX denuncia que, en los últimos años, distintas administraciones han impulsado medidas como la tasa de basura o las zonas de bajas emisiones bajo criterios ideológicos que han terminado afectando especialmente a las familias con menos recursos. En este contexto, Gómez alerta de que Santa Cruz de Tenerife avanza en esa misma dirección con la futura implantación de las ZER.
Además, VOX considera que el estacionamiento regulado solo puede tener sentido en zonas concretas y en franjas horarias determinadas, cuando exista una presión real sobre el aparcamiento. Sin embargo, advierten de que su generalización indiscriminada supondría un sobrecoste obligatorio para quienes necesitan el vehículo privado en su día a día, especialmente en aquellos barrios donde no existen alternativas eficaces de transporte público.
Asimismo, VOX señala que este modelo introduce una discriminación directa por renta, barrio y tipo de vehículo, penalizando especialmente a quienes disponen de menos recursos o vehículos más antiguos. Por todo ello, el portavoz de VOX advierte de que “la movilidad no puede convertirse en un privilegio reservado a quien pueda pagarlo”.
Ante esta situación, VOX propone paralizar la implantación de las zonas de estacionamiento regulado en Santa Cruz de Tenerife y solicitará que se establezca un marco claro que garantice que esta herramienta no se utilice con fines recaudatorios.
Entre las medidas planteadas, se incluye que cualquier implantación futura esté basada en estudios técnicos objetivos, públicos y actualizados que acrediten una saturación real del aparcamiento, así como la obligación de revisar periódicamente su necesidad y retirar estas zonas cuando desaparezcan las causas que las justificaron.
Además, Gómez defiende que se evite cualquier modelo que genere discriminación entre vecinos en función de su renta, su barrio o su vehículo, garantizando especialmente la protección de los residentes en zonas no céntricas o con escasas alternativas de transporte. La moción insiste en la necesidad de reforzar la transparencia, con la publicación periódica de datos sobre ocupación, recaudación, costes y sanciones, que permitan evaluar de forma objetiva la eficacia real del sistema y evitar su uso como herramienta de restricción generalizada de la movilidad.
