La portavoz del Partido Popular (PP) en Güímar, Carmen Luisa Castro, ha solicitado un pleno extraordinario del Ayuntamiento para que el alcalde, Gustavo Pérez (CC), y el concejal de Urbanismo, Airam Puerta (PSOE), den explicaciones sobre sus últimas decisiones respecto a los vecinos de Las Bajas, en especial el vallado del camino que les impide acceder a sus casas y sobre unas ayudas municipales de más de 6.000 euros para los gastos de vivienda “de las que no se enteraron ni los propios afectados”.

La líder popular, que ha mantenido una reciente reunión con los vecinos en Las Bajas, no duda en tachar de “otro disparate más” del gobierno municipal el nuevo decreto, dictado este mes de mayo, por el que se adoptan estas medidas coercitivas contra los propietarios de este núcleo, “acogiéndose a un decreto de hace tres años”.

Castro señala que para proceder al vallado “no hay resolución, ni decreto municipal fundamentado, ni resolución de la Dirección General de Costas”, y además expone, como agravante de la actuación del Ayuntamiento, que hay casas en Las Bajas sobre las que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias otorga una concesión administrativa de Costas, en relación a lo cual a día de hoy se está tramitando un expediente para su traspaso.

La concejala recuerda que “los vecinos se fueron en 2021 como gesto de buena voluntad, para que se ejecutaran obras supuestamente urgentes en el talud porque el Ayuntamiento decía que podía haber riesgo inminente de desprendimientos, y además les prometieron que desde el Consistorio y a través de la contrata se les abonarían el importe de los alquileres, promesa que luego se incumplió”.

De hecho, ahora sobre algunas de estas familias recae el peso de sentencias judiciales que les obligan a sufragar hasta 25.000 euros al haber denunciado los arrendadores el impago del alquiler, “y todo ello por la injusticia que ha cometido el Ayuntamiento con estos vecinos, a quienes se ha perjudicado económicamente, en algunos casos hasta llevarles a situaciones límite en sus economías”.

“La realidad”, incide Castro, “es que nunca ha habido orden de desalojo, ni se nos ha mostrado el informe técnico en que se basó la emergencia de la obra en 2021, ni tampoco ahora hay un informe técnico actualizado que avale esta medida contra los vecinos”.

En cuanto a las ayudas económicas anunciadas por el gobierno local, la portavoz del PP denuncia que los interesados “no se han podido acoger” a estas subvenciones, que el alcalde anunció recientemente en redes sociales cuando ya había acabado el plazo de solicitud, “y de las que nadie se enteró”.

A juicio de la edil popular, el gobierno municipal “hila disparate tras disparate” con este núcleo de Las Bajas, cuyos vecinos se muestran “indignados” por estas decisiones políticas, como este vallado que costará 35.000 euros a las arcas municipales y la citación a audiencia a los afectados, alegando el Ayuntamiento “un posible desalojo” de sus casas, sin que exista orden judicial en este sentido.

Lo cierto es que una obra en el talud que se preveía duraría pocos meses, lleva casi 3 años paralizada porque de los casi 400.000 euros iniciales de coste se pasó a una previsión de un millón de euros, por lo que la empresa abandonó su ejecución y presentó un recurso contencioso administrativo, litigio pendiente de sentencia.

Ante estos hechos, la portavoz del PP insiste en preguntar “en qué nuevo informe geotécnico y resolución judicial se basan el alcalde y el primer teniente de alcalde para impedir a los vecinos entrar a sus hogares”.

A ello hay que unir la circunstancia de que para algunos residentes en Punta Pietra, La Caleta o El Tablado esta es la única vía de acceso para ir a El Puertito caminando.