El Pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este viernes, 27 de febrero, la moción presentada por el grupo municipal VOX que buscaba oponerse a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de Ministros. La iniciativa no ha salido adelante tras encontrarse con la oposición frontal de la corporación, recabando únicamente los dos votos favorables de la propia formación proponente frente al rechazo del resto de los grupos políticos.

Durante el debate de la medida, el Partido Popular manifestó su disposición a votar a favor de la iniciativa, pero impuso una línea roja que finalmente impidió el acuerdo. Los populares trasladaron que apoyarían el texto si este se limitaba exclusivamente al punto que mostraba el rechazo a la “regularización masiva”, exigiendo la eliminación del resto de los apartados de la moción al considerar que dichos puntos tenían un carácter xenófobo. Al no modificarse el documento para suprimir dichas exigencias, el PP se sumó al bloque del “no”, propiciando el fracaso de la medida.

La propuesta original, defendida por el portavoz de VOX en el consistorio, Alejandro Gómez, tenía como objetivo principal manifestar el rechazo formal del municipio al acuerdo anunciado el pasado 26 de enero de 2026 por el Gobierno de España y sus socios. Dicho acuerdo prevé aprobar una regularización extraordinaria mediante Real Decreto, un procedimiento que pretende llevarse a cabo sin someter la medida a debate ni a votación en el Congreso de los Diputados.

En su exposición de motivos, el portavoz de VOX argumentó la necesidad de poner fin a cualquier política migratoria que incluya nuevas regularizaciones, enmarcando su petición en un contexto que describió como marcado por la falta de vivienda, el aumento de la inseguridad, las dificultades de acceso al empleo y la saturación de los servicios públicos. Durante su intervención para defender el texto, Gómez aseguró que “en barrios como Cruz del Señor, muchos vecinos nos trasladan una sensación de tensión e inseguridad que no podemos ni debemos ignorar y, además, nuestros servicios públicos básicos están al límite, con urgencias hospitalarias saturadas y esperas muy prolongadas por falta de camas y personal”. A esto añadió que reclaman el rechazo a esta medida “cuando nuestros barrios están saturados, faltan viviendas y recursos, y crece la preocupación vecinal por la seguridad en sus calles”.

Más allá del rechazo directo al decreto estatal, la moción planteaba una amplia batería de exigencias adicionales que fueron las que motivaron el rechazo del resto de los grupos y el desmarque final del Partido Popular. El documento solicitaba una auditoría exhaustiva de las concesiones de nacionalidad de los últimos años y la repatriación de quienes accedan ilegalmente a la Nación.

En esta misma línea, la formación pedía la devolución de los menores extranjeros no acompañados junto a sus padres a sus países de origen. Asimismo, el texto instaba al establecimiento de la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, la supresión de ayudas y beneficios sociales a inmigrantes ilegales dejando vigentes únicamente las ayudas humanitarias necesarias hasta su devolución, la eliminación de subvenciones a asociaciones u organizaciones que promuevan o faciliten la inmigración ilegal, y la adopción de modificaciones legales encaminadas a impedir fraudes de ley en expedientes de extranjería o solicitudes de asilo.