El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Manuel Rodríguez Pardo, defendió el pasado miércoles, 14 de mayo, una serie de medidas centradas en establecer la prioridad nacional y manifestar el rechazo a las regularizaciones masivas de inmigrantes en situación ilegal. Ambas propuestas fueron desestimadas en el Pleno municipal al ser rechazadas por el Partido Socialista y por los nacionalistas canarios.
La primera de las mociones presentadas por la formación exigía el rechazo y la consiguiente derogación de la regularización masiva promovida por el Gobierno central a través del Real Decreto 316/2026. Durante su intervención en el debate, Rodríguez Pardo justificó la medida asegurando que “este tipo de medidas aumentan la presión sobre los servicios públicos y sobre los recursos municipales, especialmente en áreas como los servicios sociales o la tramitación administrativa”. En la misma línea, el edil reclamó que se establezcan mayores garantías y controles estrictos en la emisión de los informes de vulnerabilidad que se encuentran vinculados a estos procedimientos.
La segunda iniciativa defendida por el partido giró en torno a la instauración de una prioridad nacional para el acceso a ayudas, vivienda y determinados servicios públicos. El texto de la propuesta planteaba limitar el acceso de los inmigrantes en situación ilegal a determinadas ayudas y prestaciones públicas, aplicar dicha prioridad en los recursos sociales y solicitar la derogación de las recientes modificaciones introducidas en el Reglamento de Extranjería. Tras la votación en contra del resto de la corporación, la formación lamentó la falta de respaldo, expresando su descontento porque “ningún otro grupo municipal apoyara estas propuestas tan necesarias para el bienestar de los vecinos del municipio”.
Por otro lado, el concejal de la formación volvió a quedarse solo frente a otras iniciativas promovidas por el grupo de gobierno local. Durante la sesión, VOX fue el único partido en mostrar su rechazo a las propuestas que pretendían convertir el aborto en un derecho fundamental. Asimismo, el representante político se opuso a la decisión de seguir destinando cientos de miles de euros de fondos públicos a lo que el partido denominó como la “estructura clientelar vinculada a las políticas LGTBI”.
