El Pleno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a una moción institucional con la que se pretende reconfigurar el marco de seguridad y convivencia en el sistema de transporte público de viajeros por carretera de la isla. La iniciativa busca una ampliación de las competencias legales y de los mecanismos de defensa jurídica de los empleados de la empresa pública TITSA, articulando una respuesta transversal ante las situaciones conflictivas que afectan de manera habitual a la prestación del servicio.

La principal vía de actuación acordada consiste en dar traslado formal al Gobierno de Canarias de una solicitud para modificar o desarrollar la vigente Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. El propósito de esta reforma es dotar formalmente de la condición de autoridad administrativa a los conductores e inspectores de las operadoras de transporte público regular. Con este cambio de estatus normativo, el personal de primera línea dispondrá de un respaldo jurídico superior para ejercer las funciones de control, vigilancia y cumplimiento del reglamento, lo que agilizará de forma directa la tramitación de incidencias, denuncias e infracciones cometidas en el interior de los vehículos o en las instalaciones.

Junto a la vía legislativa, el acuerdo del Cabildo introduce un refuerzo de la estrategia judicial. La corporación insular ha respaldado de manera expresa que la empresa TITSA se persone y ejerza acciones legales activas frente a los autores de cualquier tipo de agresión o falta de respeto de carácter grave dirigida contra su plantilla de trabajadores o contra los profesionales de seguridad privada que prestan servicio en sus dependencias.

El plan de seguridad integral diseñado en la moción no se limita a la respuesta jurídica posterior, sino que abarca un protocolo de cooperación policial y formativo. El Cabildo demandará formalmente la colaboración e implicación de las policías locales de la isla, de la Policía Canaria y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es tejer una red de coordinación rápida que optimice los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo y agilice la gestión administrativa de las denuncias por infracciones en la red de transportes. Para homogeneizar esta respuesta, la institución insular organizará jornadas de formación conjuntas en las que participarán tanto los agentes policiales como el propio personal de la compañía de transportes, centradas en profundizar en el conocimiento del régimen sancionador, los procedimientos administrativos y la normativa específica del sector.

En paralelo, se pondrán en marcha campañas institucionales de información y sensibilización orientadas a la ciudadanía para concienciar sobre el uso correcto de las infraestructuras, el respeto hacia los operarios y los pasajeros, y la divulgación de aquellas conductas incívicas que pueden derivar en sanciones económicas. Por último, la moción preserva el marco de diálogo interno al establecer que la dirección de TITSA tendrá la obligación de informar, consultar o negociar de forma previa con la representación legal de los trabajadores la implantación de cualquier medida, protocolo o procedimiento derivado de este acuerdo que suponga una alteración de las condiciones de seguridad, la organización interna de las tareas o las funciones del personal.