El cierre del Juzgado de Paz en San Juan de la Rambla, que ha estado en vigor durante más de un mes, ha sido condenado enérgicamente por los socialistas, quienes argumentan que esta acción infringe los derechos civiles básicos de los residentes de Rambla.
La portavoz socialista, Gloria Méndez, calificó la situación de “insólita”, afirmando que “nunca había ocurrido en el municipio”. Según Méndez, el cierre se debe a la “falta de previsión del grupo de gobierno”, que sabía que la funcionaria que históricamente se había encargado del Juzgado se jubilaba en diciembre, pero “no tomó medidas para su sustitución”.
“Las fechas de jubilación no se improvisan, sino que se saben con mucho tiempo de antelación porque sencillamente obedecen a una cronología”, continuó Méndez. “En este caso no solo hubo imprevisión sino ocultismo. Como se ha visto, incluían a escondidas de todo el pueblo un ‘DEDAZO‘ que señalaba a la número cuatro de la lista electoral de Coalición Canaria. Ni siquiera hicieron un amago de disimular este comportamiento nepótico”.
Ezequiel Domínguez, otro miembro del partido, expresó su consternación y enfado, declarando: “Nunca pensamos que se llegara a despreciar de esta manera los derechos civiles de los rambleros por los actuales gobernantes”. Domínguez señaló que este incidente marca un “cambio declarativo importante en la política de CC, SSP y PP”, que han pasado de “disminuir la participación democrática en Plenos, a mandar a los vecinos a registrar sus niños en La Laguna, a obtener, tras un largo peregrinaje, certificados en La Orotava, y que no ha resuelto el problema de la obligatoria fe de vida de los pensionistas, que no pueden trasladar la misma para seguir cobrando su pensión”.
Domínguez describió la situación como un “caos absoluto”, criticando la falta de información y mediación en los procedimientos, lo que deja “inermes a las personas con menos recursos y más vulnerables”.
Méndez y Domínguez concluyeron exigiendo al grupo de gobierno que “expliquen este caos y den información suficiente del cierre y de qué ayuda dará el consistorio a los vecinos a los que se les está negando, obstaculizándolos, sus derechos civiles básicos”. Méndez añadió: “Lo que parece es que desde el sillón ya no les importan en absoluto los vecinos”. Ambos instaron al gobierno a proporcionar “explicaciones inmediatas y medidas urgentes” a los residentes afectados.
