El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde de manera unánime a un acuerdo institucional mediante el cual insta al Gobierno de España a corregir la situación de desigualdad que padece el colectivo de los autónomos societarios.

Durante la sesión plenaria celebrada el pasado 30 de abril, la totalidad de los grupos políticos que conforman la corporación insular respaldaron un documento que exige el impulso inmediato de medidas de alivio fiscal y administrativo, diseñadas para adaptarse a la realidad económica de las pymes en el Archipiélago y mejorar las condiciones de un sector considerado clave para la economía local.

Freno al incremento de las cuotas y exigencia de equiparación

El principal eje de las reivindicaciones se centra en el rechazo a la reciente normativa estatal. En este sentido, el Cabildo de Tenerife solicita la modificación oficial de la Orden PJC/297/2026, fechada el 30 de marzo, una disposición que establece un incremento del 42% en las cuotas correspondientes a los autónomos societarios y colaboradores.

A través del acuerdo aprobado, el Pleno insular exige taxativamente “evitar cualquier medida que suponga un aumento de las bases mínimas de cotización para 2026 que impida su equiparación con el resto de autónomos”.

Como complemento a esta petición, la institución reclama la recuperación del principio de transitoriedad en la aplicación del actual sistema de cuotas y subraya la necesidad de garantizar a estos trabajadores el “acceso a incentivos, bonificaciones y reducciones en la Seguridad Social”.

Deducciones fiscales para compensar el coste de la insularidad

El ámbito tributario constituye el segundo pilar de la propuesta unánime. El Cabildo de Tenerife ha instado de manera formal tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias a estudiar la creación de deducciones fiscales específicas orientadas a los autónomos societarios que desarrollan su actividad en las Islas.

Estas rebajas se aplicarían de forma directa en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Tal y como recoge el texto de la resolución, el propósito de esta solicitud es “compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y fomentar la inversión en la economía local”, protegiendo así el tejido empresarial isleño.

Lucha contra la burocracia y revisión de la normativa del IGIC

Por otro lado, la corporación aborda la necesidad imperante de lograr una desburocratización real de las instituciones. El tercer acuerdo solicita expresamente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al Ejecutivo regional, una notable reducción de las cargas burocráticas y la agilización de los trámites. Esta exigencia se fundamenta en el reconocimiento de la singularidad que poseen las pymes canarias, las cuales se encuentran amparadas por el Régimen Económico y Fiscal (REF).

En materia impositiva autonómica, el cuarto punto del documento requiere al Gobierno de Canarias que realice un análisis profundo para la ampliación de la franquicia fiscal relativa al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

De igual forma, el Cabildo de Tenerife pide la “extensión de determinadas exenciones fiscales a los profesionales autónomos”, buscando que estas medidas vayan en estricta sintonía con las directrices ya previstas para aquellas entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades dentro del marco normativo del REF.

Traslado institucional de las demandas

Para garantizar la efectividad de las medidas propuestas y su conocimiento por parte de las autoridades competentes, el Pleno del Cabildo de Tenerife ha acordado en su punto final dar traslado íntegro de este acuerdo institucional a las más altas instancias políticas.

El documento será remitido de manera oficial a la Presidencia del Gobierno de España, a los ministerios que ostentan las carteras de inclusión, hacienda y economía, y, finalmente, al propio Gobierno de Canarias.