El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha solicitado este miércoles al Ejecutivo central que dé marcha atrás a la decisión de elevar un 42% la base mínima de las cuotas a la Seguridad Social para los autónomos societarios y colaboradores. Esta medida, aplicada por el Gobierno de España con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año, tendrá un impacto directo en el tejido empresarial del archipiélago.
Según los datos aportados por la Consejería, esta modificación impositiva se traducirá en un incremento de gastos de hasta 1.620 euros anuales por cada trabajador por cuenta propia, lo que equivale a 135 euros adicionales al mes. El cálculo del Gobierno autonómico estima que cerca de 60.000 autónomos canarios se verán directamente afectados por esta subida.
Para el vicepresidente regional, este aumento impositivo “no responde a la realidad económica de Canarias ni a la situación que atraviesan miles de pequeños negocios familiares, autónomos y microempresas que sostienen buena parte del empleo en las Islas”. En su intervención, Domínguez ha contrapuesto la actuación del Estado con las políticas que se están desarrollando desde el ejecutivo autonómico, lamentando que los esfuerzos regionales pierdan eficacia ante las nuevas cargas estatales. “De nada vale que aprobemos decretos y ayudas si, por otro lado, el Gobierno de España toma medidas para recaudar de los que menos tienen, que son los autónomos”, ha aseverado.
En esta misma línea, el consejero ha recordado que el Gobierno de Canarias defiende actualmente medidas de respaldo al sector, tales como la implementación de la cuota cero y diversas fórmulas de alivio administrativo y fiscal. Sin embargo, considera que estas iniciativas quedan desvirtuadas por lo que ha calificado como una decisión unilateral del Estado que avanza en dirección opuesta. “No tiene sentido que una mano ayude mientras la otra aprieta más a autónomos y familias”, ha sentenciado Domínguez.
Finalmente, el responsable de Economía ha valorado la aplicación de la medida, agravada por su carácter retroactivo, como “una mala decisión económica, injustificada, inoportuna e injusta”. Ha advertido, además, de las consecuencias colaterales en el actual contexto internacional, señalando que la subida impositiva descuadrará las cuentas de los trabajadores por cuenta propia en un momento marcado por la gran incertidumbre derivada de la crisis en Oriente Próximo.
