La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo la presidencia del alcalde José Manuel Bermúdez, ha autorizado a la Asesoría Jurídica municipal la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), organismo dependiente del Cabildo. La medida judicial responde a la negativa de la corporación insular a asumir la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, ubicada en la zona de Cabo Llanos.

El Consistorio capitalino defiende que esta instalación no es de uso exclusivo local, sino que posee un claro carácter comarcal. Según los datos manejados por la administración municipal, la depuradora presta un servicio esencial de saneamiento y tratamiento de aguas residuales que trasciende las fronteras de Santa Cruz, atendiendo también a los municipios colindantes de La Laguna y El Rosario. La argumentación legal se sostiene en que los vertidos procedentes de estas dos localidades superan el 50% del caudal total tratado en la planta, motivo por el cual el Ayuntamiento exige que el Cabildo asuma su gestión en cumplimiento de la normativa vigente, evitando así que la capital soporte en solitario el peso de este servicio.

Ante esta situación de bloqueo institucional, el alcalde José Manuel Bermúdez ha justificado la decisión de acudir a la justicia señalando: “Llevamos mucho tiempo esperando a que el Cabildo asumiera la gestión de esta infraestructura claramente supramunicipal, y no es justo que nuestro municipio tenga que asumir en solitario la responsabilidad de su funcionamiento y mantenimiento”.

En la misma línea, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha sido tajante respecto a la posición del equipo de gobierno local, afirmando que “no vamos a seguir permitiendo que este Ayuntamiento asuma en solitario la gestión de una instalación que da servicio a varios municipios. La competencia debe recaer en el Cabildo conforme a la normativa vigente”.

El edil de Servicios Públicos ha ido un paso más allá en sus declaraciones, lamentando “la falta de capacidad de diálogo” demostrada por el organismo insular y criticando abiertamente que la postura del Cabildo sea la de “ponerse de perfil” ante una responsabilidad competencial que el Ayuntamiento considera indudable. Finalmente, Tarife ha advertido que desde el Consistorio van a “defender por todas las vías, también la judicial, los intereses de los chicharreros, porque hablamos de una infraestructura clave y de un reparto justo de las responsabilidades públicas”.