“Somos conscientes de que la digitalización de la Administración se hace necesaria, pero a la vez, exigimos que los ritmos en el proceso de la transformación digital se adapten a las necesidades de todos”.

Tercera Edad en Acción, el primer partido político que denunció (julio de 2021) la falta de atención a las personas mayores por parte de las entidades bancarias, exige al Gobierno que tenga en cuenta a las personas mayores o con discapacidad, que se ven indefensas en el momento de hacer algún tipo de gestión en las muchas administraciones del Estado, tanto a nivel nacional, autonómico como municipal.

Las administraciones están digitalizando la prestación de sus servicios sin tener en cuenta a este gran colectivo, y esto entendemos que vulnera, no solo la Constitución, sino el Principio General del Derecho que propugna la igualdad de trato a las personas, de manera que, en situaciones desiguales se favorezca un trato distinto. La igualdad como derecho subjetivo, implica la prohibición de cualquier tipo de discriminación, ya sea esta por acción o por omisión.

Nos imponen tener un pc, introducir datos, certificado digital, lector, cl@ve pin, o descargar aplicaciones para algunos trámites, tales como, darse de alta el padrón, certificado de residencia, nota simple del registro, pagar una multa de tráfico, y un largo etcétera.

La Administración, tiene la obligación, de velar por las personas mayores y las personas con discapacidad, y dar una atención personalizada y preferente, ya que muchos no saben ni tienen conocimiento alguno de como actuar ante los exigentes sistemas tecnológicos, que se están imponiendo con esta transformación digital de los servicios.

Somos conscientes de que la digitalización de la Administración se hace necesaria, pero a la vez, exigimos que los ritmos en el proceso de la transformación digital se adapten a las necesidades de todos los ciudadanos respetando el principio de igualdad y durante esta transición, se atienda presencialmente y con trato preferente a las personas mayores o con discapacidad.

Instamos al gobierno español a que dé una solución “práctica y rápida”, atendiendo presencialmente y dotando de más personal a las administraciones públicas para la atención personalizada que aún precisan muchas personas mayores y personas con discapacidad.