El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 20 de marzo, un real decreto-ley que contempla un paquete de medidas extraordinarias por un valor superior a 877 millones de euros. Estas líneas de apoyo específicas están destinadas a los sectores agrario y pesquero con el objetivo de hacer frente a las graves consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. El Ejecutivo justifica esta intervención recordando que la agricultura, la ganadería y la pesca constituyen un sector estratégico para la economía española y juegan un papel esencial en la garantía de la seguridad alimentaria a nivel nacional.

Además de poder acogerse a las ayudas generales aprobadas para el tejido empresarial, el Gobierno ha diseñado estas acciones sectoriales ante la alteración evidente de los mercados mundiales. Tal y como señala el texto del Ejecutivo, “el real decreto contiene medidas específicas debido al impacto que el conflicto bélico tiene ya en el flujo comercial de las materias primas, y en particular en el incremento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes”.

La partida más cuantiosa de este plan gubernamental asciende a 500 millones de euros y se destinará a respaldar la adquisición de fertilizantes, una de las materias primas que ha sufrido un mayor encarecimiento a raíz del conflicto. A diferencia de las ayudas de características similares que fueron desplegadas tras la invasión rusa de Ucrania, en esta ocasión la medida abarcará a un mayor número de profesionales. Según la nueva normativa, se beneficiarán de este fondo económico todos los productores que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias, y no únicamente aquellos que son receptores de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Por otro lado, se establece una subvención directa de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola, la cual cuenta con un presupuesto asignado de 52 millones de euros y se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Para agilizar la burocracia, los agricultores y ganaderos con derecho a esta bonificación no tendrán que realizar ningún trámite adicional. La Administración considerará solicitada la ayuda de forma automática con la simple presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, un tributo del que los profesionales del sector ya se encuentran exentos.

En materia de acceso a la financiación empresarial, el real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA, la cual ya había sido habilitada previamente como medida de apoyo tras el inicio de la guerra en Ucrania. De esta inyección total, el fondo destinado a la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros. Los 75 millones de euros restantes se destinarán íntegramente a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA), un requisito necesario para que los productores puedan formalizar la obtención de los mencionados préstamos.

Finalmente, el sector pesquero recibirá una ayuda compensatoria directa que parte con un presupuesto inicial de 25 millones de euros. Esta medida busca amortiguar el impacto directo que el incremento de los precios de la energía tiene sobre el coste del combustible, así como su incidencia en otros costes de producción derivados, destacando los envases necesarios para la congelación del pescado.

Asimismo, la medida pretende compensar las dificultades logísticas provocadas por el cierre de los espacios aéreos, lo cual está dificultando severamente la rotación de las tripulaciones de los barcos españoles que se encuentran faenando en aguas internacionales. La cuantía exacta que percibirá cada buque se determinará mediante un cálculo que tendrá en cuenta su consumo diario de combustible, el coste semanal del mismo y los días de actividad registrados. Sumado a esto, se evaluarán las artes de pesca utilizadas y si la embarcación opera en un caladero nacional o internacional.

Para complementar este apoyo a la flota, el Gobierno ha aprobado también una medida de carácter fiscal consistente en la exención del pago de la tasa sobre la pesca fresca durante tres meses, una ventaja que permanecerá en vigor hasta el 30 de junio.