El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del área de Ciudad Sostenible, dirigida por el concejal David Hernández, ha dado inicio al procedimiento administrativo para realizar un estudio previo de diagnóstico y valoración, con el fin de presentar a las administraciones competentes la propuesta de declarar al municipio como zona tensionada en materia de vivienda.
Este estudio tiene como objetivo evaluar los parámetros socioeconómicos que justifiquen la mencionada declaración, así como realizar un análisis detallado de la situación actual de la ciudad para implementar medidas, que incluyen el control de los precios de alquiler, el acceso a las ayudas del Gobierno de España para la reducción de precios, las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y el incremento de la vivienda social.
Además, se llevará a cabo un censo de viviendas vacías en Puerto de la Cruz para obtener un informe lo más completo posible sobre la situación. Con ello, se podrá solicitar a las distintas administraciones un plan específico que contemple las medidas necesarias para corregir los desequilibrios detectados, así como un calendario para su implementación.
El primer teniente de alcalde, David Hernández, comenta que, “ante la alarmante escasez de oferta de vivienda disponible, estamos trabajando en esta línea. Este estudio está justificado dado que es un municipio que no supera los 9 kilómetros cuadrados, con lo que el suelo es más escaso que en otras localidades de mayor extensión”.
El concejal agrega: “Esta limitación territorial, añadida al atractivo que suponen las numerosas camas hoteleras, está causando problemas considerables a la hora de acceder o mantener una vivienda digna debido a los altos precios de compra y alquiler, situación que pone en serio riesgo el desarraigo de los vecinos y vecinas que no pueden acceder a una vivienda en su ciudad, teniendo que trasladarse a otras localidades”.
Es importante recordar que la nueva Ley de Vivienda permite declarar zonas tensionadas en territorios que cumplan ciertas condiciones: que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares o que el alquiler haya aumentado un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.
