En la reciente sesión plenaria, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha tomado una decisión unánime. Han solicitado al Gobierno de Canarias que reconozca al municipio como una zona de tensión en el mercado residencial. Esta propuesta fue presentada por la alcaldía-presidencia y recibió el apoyo de todos los partidos políticos.
La principal intención de esta declaración es continuar con la implementación de una variedad de herramientas que puedan contribuir a resolver el serio problema de vivienda que enfrenta Granadilla de Abona. Se busca promover la función social de la vivienda, estableciendo alquileres asequibles que alivien la presión económica que muchos ciudadanos enfrentan al pagar sus alquileres.
Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla de Abona, aclara que con esta petición “seguimos avanzando en intentar solucionar uno de los problemas mas graves que sufre la población de Granadilla de Abona, como es el precio de la vivienda.”
Tras enviar la solicitud, será responsabilidad del Gobierno de Canarias, como autoridad competente, realizar un estudio para determinar si los costos de alquiler o las cuotas hipotecarias superan el 30% de los ingresos medios de las familias de Granadilla. Si se confirma esta situación, se podrán designar como zonas de tensión aquellos núcleos residenciales que cumplan con estos requisitos.
Esta petición se suma a otras acciones realizadas por el gobierno municipal, compuesto por el PSOE y el PP, como la liberación de casi 300 viviendas en la zona de Los Hinojeros, en Granadilla, y la cesión de más de 3.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas públicas.
