La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) ha lanzado una contundente advertencia sobre el creciente problema de la ocupación ilegal en Canarias, calificándolo de una “bomba de relojería” que perjudica gravemente la propiedad privada, ahuyenta la inversión y arruina la esperanza de miles de familias. Óscar Izquierdo, presidente de la entidad, ha exigido avances normativos y una aplicación más rigurosa de la ley para erradicar esta “insostenible realidad”.

Izquierdo subraya que la ocupación se ha convertido en el “principal enemigo de un desarrollo urbano ordenado, planificado y seguro”. En muchos municipios de las islas, se está experimentando una “oleada de ocupaciones” que afectan a viviendas, promociones paralizadas, inmuebles en construcción e incluso edificios terminados. Esta situación genera una “evidente inseguridad jurídica” y la paralización de proyectos, que ya se ven afectados por la lentitud en la concesión de licencias.

El presidente de FEPECO denuncia que este fenómeno “provoca el encarecimiento de los costes y la desincentivación de promotores y constructores”, quienes ven cómo sus esfuerzos “se desvanecen por estas prácticas al margen del Derecho”. Izquierdo no duda en calificar a los ocupas como “auténticos secuestradores de bienes, muebles e inmuebles”, lo que considera un “auténtico incivismo en toda regla”.

“¿Qué promotor se va a arriesgar a invertir en una isla donde no se puede garantizar la propiedad privada ni la protección legal frente a okupas?”

Desde la federación, el mensaje es claro y contundente: “Sin seguridad jurídica, no hay construcción. Sin la protección de las instituciones públicas, no hay inversión y sin inversión, no hay vivienda ni trabajo”. Izquierdo expresa el hartazgo y la indignación del sector de la construcción, un “motor económico básico, estructural y fundamental de Canarias”, que se ve “aprisionado entre trabas administrativas, lentitud burocrática y ahora también, al miedo real de que una promoción pueda acabar ocupada antes siquiera de ser entregada”.

FEPECO considera “inadmisible que se premie al que incumple y se castigue al que actúa dentro de la ley”, y advierte que “no podemos permitir que Tenerife se convierta en un territorio hostil para la inversión, mientras se protege con discursos buenistas a quienes vulneran los derechos de todos”.

Los empresarios de la construcción exigen “inmediatos y más decididos avances en la legislación”, a pesar de reconocer las recientes reformas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. No obstante, consideran “urgentes cambios más decididos en una materia tan sensible y alarmante”. Reclaman un “apoyo sólido a los promotores, verdaderos generadores de riqueza económica, social y empleo”, así como una “colaboración institucional real y constante para blindar la seguridad jurídica del proceso constructivo, desde la compra del solar hasta la entrega de llaves”.

Izquierdo reitera que la ocupación es una “auténtica bomba de relojería para el futuro de las islas”, afectando no solo a empresas y trabajadores del sector, sino también a los jóvenes que sueñan con una vivienda propia. La federación asegura que esta “lacra alimenta la economía sumergida y distorsiona el mercado inmobiliario”.

FEPECO insta a la Administración Pública a actuar con celeridad ante los casos de ocupación, sin verse “atrapada en constantes obstáculos que impiden respuestas eficaces y urgentes”. Subrayan que no es un problema de voluntad, sino de “diseño del sistema legal y de dotación de medios, que dejan indefensos tanto a los propietarios como a las instituciones”.

Óscar Izquierdo tiene claro que la Federación seguirá “defendiendo el derecho a la propiedad privada como reconoce explícitamente el Artículo 33 de la Constitución Española”, y apoyando “el esfuerzo de los que levantan esta isla, construyéndola con su esfuerzo honrado”. En esa línea advierte que “no vamos a quedarnos callados: Tenerife no puede ser rehén de la inmoralidad, falta de ética ni del miedo de los alborotadores profesionales. Queremos construir, pero con garantías. Desarrollar, pero con seguridad. Crecimiento económico con la colaboración público-privada. La okupación es lo contrario de todo comportamiento ético”.