El Partido Popular de Canarias ha manifestado su rechazo al reciente incremento de las cuotas a los trabajadores por cuenta propia aprobado por el Gobierno de España, una medida que la formación política ha calificado como un “ataque directo a los autónomos, a las empresas familiares y al tejido productivo de las Islas”. La normativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, establece una subida del 42% en la base mínima de cotización, afectando específicamente a los autónomos societarios y a los colaboradores familiares.

En términos económicos, esta modificación supone un incremento aproximado de 135 euros mensuales, lo que se traduce en unos 1.620 euros adicionales de carga impositiva al año. Esta subida afecta a un colectivo que en el archipiélago canario asciende a unas 60.000 personas, y llega en un contexto marcado por la incertidumbre económica internacional y los retos que afrontan las pequeñas y medianas empresas. Además, la normativa incluye carácter retroactivo con efectos desde el 1 de enero de 2026, una particularidad que agrava las dificultades financieras de los afectados.

El diputado regional del Partido Popular, Fernando Enseñat, ha valorado las consecuencias de esta medida, asegurando que el “Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a los autónomos y a las empresas familiares, que son las que sustentan la economía y el empleo en Canarias”. En este sentido, el representante ha indicado que la decisión “supone un auténtico atraco para miles de pequeños negocios” dentro de una comunidad en la que el 95% del tejido empresarial está conformado por pymes que dependen directamente de la figura del trabajador autónomo. Respecto a la retroactividad de la norma, Enseñat ha advertido que esta condición “agrava aún más el impacto en la planificación económica de los autónomos”.

La formación ha puesto un especial énfasis en los riesgos que esta subida conlleva para la pervivencia de los comercios más arraigados en el archipiélago. A este respecto, el PP ha afirmado que esta medida amenaza la continuidad de muchos negocios tradicionales al encarecer directamente el trabajo de los familiares que colaboran en ellos. Para el grupo, se trata de “una circunstancia que dificulta el relevo generacional y golpea especialmente a Canarias”, argumentando que el Gobierno central no ha tenido en cuenta en absoluto ni la condición de región ultraperiférica de las Islas ni las particularidades de su Régimen Económico y Fiscal.

Durante su argumentación, el Partido Popular ha querido contraponer la decisión del Ejecutivo central con las directrices que mantiene el Gobierno de Canarias. En el ámbito autonómico, el vicepresidente Manuel Domínguez está desarrollando un paquete de iniciativas dirigidas a ofrecer apoyo y alivio al colectivo. Estas medidas regionales incluyen la implementación de la Cuota Cero para los nuevos autónomos, la puesta en marcha del Plan Concilia, el aumento de la franquicia del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) hasta los 50.000 euros, y una simplificación de los trámites administrativos que disminuye la cantidad de declaraciones fiscales que deben presentarse anualmente.

Para concluir, Fernando Enseñat ha enfatizado la divergencia entre los enfoques de ambas administraciones destacando que, “mientras en Canarias trabajamos para ayudar, impulsar y aliviar la carga fiscal de nuestros autónomos, el Ejecutivo central va en la dirección contraria, subiendo impuestos y dificultando su actividad”. En esta misma línea, el diputado regional remarcó la diferencia al señalar que el archipiélago cuenta con “un Gobierno autonómico que aprueba rebajas fiscales para apoyar a nuestros autónomos, frente a un Ejecutivo estatal que vuelve a querer subir la cuota 135 euros al mes a los autónomos societarios y a los colaboradores familiares, que son esos hombres, esas mujeres y esos hijos que ayudan en el negocio familiar”.