El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, a cargo de Evelyn Alonso, informa de que “los profesionales del taxi deben saber que no hemos dejado de enviar escritos y alegaciones a la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias con la finalidad de que se suprima la tarifa T1, la urbana, para asimilarla a la T3, interurbana” y confirma que “desde el año 2019, esta Corporación viene solicitando de forma reiterada esta modificación, que confirma que, unido al rescate de licencias para optimizar el sector, el compromiso con el taxi queda más que demostrado”.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, asegura que “en ningún momento hemos dejado de caminar al lado de las demandas de los profesionales del taxi, tanto en lo que compete a nuestra administración, como en aquellos otros asuntos que han requerido la colaboración de otras” y sostiene que “incluso con asuntos que no dependen directamente de nosotros, como la regulación de las tarifas, competencia de la consejería de Comercio del Gobierno de Canarias, nuestra actitud de apoyo queda suficientemente demostrada con las numerosas solicitudes para modificarla en favor de estos profesionales y su economía”.

Evelyn Alonso, responsable del área de Movilidad y concejala delegada en materia de Transportes, recuerda que “se han enviado diferentes escritos a la Comisión de Precios de Canarias solicitando suprimir la tarifa T1, que es la urbana, para asimilarla a la T3, que es la interurbana” y analiza que “esta propuesta realizada desde el área de Movilidad viene avalada por estudios de técnicos independientes que inciden en esta necesidad, ya que se pone de manifiesto un desequilibrio económico financiero del sector en este momento”.

“Hay que incidir en que la Comisión de Precios de Canarias –afirma Alonso-, que es la competente en esta materia, desestimó la petición realizada en 2019, y en este 2023 volvimos a realizar esa petición con un informe técnico independiente, donde se volvió a poner de manifiesto que era necesaria esa modificación” y comunica que “en junio de este mismo año se trasladó al Gobierno de Canarias, pero en agosto la Comisión vuelve a desestimarla, aunque en ese mismo mes desde el área de Movilidad se presentaron alegaciones a esa desestimación”.

Evelyn Alonso informa que “a raíz de estas alegaciones, la propia consejería de Comercio nos ha trasladado una notificación, a comienzos de este mismo mes, en la que se están planteando un análisis más profundo y se dan tres meses para poder resolver nuestras alegaciones”.

“De todas maneras –informa la concejala de Movilidad-, hay otra cuestión importante que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la tarifa T1, la urbana, que viene plasmado en el reglamento del taxi y que recogen las ordenanzas municipales, que incluso en 2018 ya se recogía y que definía como urbano prácticamente todo el término municipal” y recuerda que “en el año 2019, desde el Ayuntamiento, precisamente para favorecer al sector, se pidió que esa zona se restringiera a lo que se denomina Zona de Gran Afluencia Turística, una propuesta que se elevó y se aprobó en el Pleno de diciembre”.

Evelyn Alonso recuerda que “sin embargo, en el año 2020, el Gobierno de Canarias, a través de sus Servicios Jurídicos, interpone un recurso a la decisión municipal, entendiendo que esta reducción del espacio de la tarifa T1 afectaba al usuario” y agrega que “en julio de 2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal de Justicia de Santa Cruz le da la razón al Gobierno de Canarias, pero permite el recurso de casación por parte del Ayuntamiento, que la solicita al Tribunal Supremo, pero en julio de 2022 el Supremo no admite este recurso municipal, por lo que la sentencia se convierte en firme y sin posibilidad de recurrirla”.

Precisamente por esto, el ámbito de aplicación de la tarifa T1, los límites de la tarifa urbana, vuelven a ser los de 2018; es decir, casi la totalidad del municipio vuelve a ser, como en 2019. “Por lo tanto –aclara Alonso-, la ordenanza municipal que se está promoviendo, que ya fue sometida a consulta pública previa, proyecto de ordenanza, alegaciones y contestación de alegaciones, que era lo que se quería llevar a este Pleno de septiembre, lo vamos a dejar sobre la mesa” y la concejala detalla que “precisamente porque lo que se pretende es explicar muy bien a todas las asociaciones del taxi en el punto en que se está”.

Desde el área explican que esta ordenanza, en el ámbito de aplicación de la tarifa, no cabe otra opción que “allanarnos y aplicar la sentencia en firme, pero hay que tener en cuenta que la ordenanza va mucho más allá, ya que regula el completo funcionamiento del sector” y recalca que “tiene aspectos muy importantes que vienen a raíz de una petición del sector que tiene que ver con todas aquellas que tienen que ver con las infracciones y las sanciones, y muy especialmente con la pérdida de licencia, que se derivaban de la aplicación de sanciones por infracciones y que ahora se han suavizado”.

Pero es que, además, también esta ordenanza regula la obligatoriedad de que aquellos vehículos de más de 6 plazas tienen que disponer todos de PMR, o la obligatoriedad del uso del datáfono, muchos derechos de los taxistas jubilados, etcétera. “En definitiva, regula todo el sector de una manera mucho más actualizada de lo que es en la ordenanza municipal de 2018 que es la que se aplica ahora”.

“De todas formas –concluye Evelyn Alonso– la disponibilidad y los pasos dados por este Ayuntamiento a favor del sector del taxi y su mejora desde el punto de vista económico y financiero, queda también demostrada con el compromiso del rescate de las 151 licencias a través del convenio suscrito con el Cabildo, que permitirá ajustar la cantidad de licencias a la idoneidad dispuesta por el estudio encargado por la Corporación” y especifica que “ya en el caso de este 2023, ya se han recibido las 37 solicitudes, que son las que caben en este año, lo que significa que no nos hemos apartado ni un ápice de lo comprometido en esta materia”.

Y hay que recordar que en esta iniciativa para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, el Ayuntamiento invertirá en total un monto económico de 3.322.000 euros (55%), mientras que la Corporación Insular destinará 2.718.000 euros en esos mismos años (45%), lo que va a permitir situar el valor estimado inicialmente en 40.000 euros por licencia y por lo que esta iniciativa, ya consolidada en este municipio, permitirá alcanzar la ratio de unidades en servicio que se contemplan en las conclusiones del estudio encargado en su momento por esta corporación local.