El Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Canarias ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, una iniciativa que será tramitada ante el Pleno de la Cámara autonómica con el objetivo de elevarla posteriormente a las Cortes Generales, conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

La propuesta plantea la prohibición del uso en espacios públicos —o en lugares privados con proyección pública— de los velos integrales conocidos como nicab y burka, al considerar que estas prendas representan un elemento incompatible con los principios de igualdad, libertad y seguridad sobre los que, según la formación, se sustenta la sociedad española y occidental.

En su exposición de motivos, VOX sostiene que España forma parte de una civilización europea construida sobre las raíces cristianas y la cultura grecorromana, un marco histórico que, a juicio de la formación, ha permitido consolidar un modelo social basado en el imperio de la ley, la protección del bien común y la igualdad entre hombres y mujeres.

La iniciativa sitúa el debate en el contexto del aumento de la inmigración procedente de países con fuerte influencia islamista y advierte sobre la incorporación de prácticas culturales que la formación considera ajenas a las costumbres occidentales. Según recoge el texto registrado por VOX, la normalización del uso de prendas que cubren el rostro en espacios públicos supondría “una amenaza para la seguridad ciudadana” y un símbolo de “sometimiento y eliminación de la identidad personal de la mujer”.

El documento recuerda además que varios países europeos, entre ellos Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza, han aprobado en los últimos años restricciones similares respecto al uso del nicab y el burka en espacios públicos. La formación cita también la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso S.A.S. contra Francia, en la que se reconocía que este tipo de medidas podían contar con una “justificación objetiva y razonable”.

La propuesta legislativa incorpora modificaciones en distintas normas del ordenamiento jurídico español. Entre ellas, plantea reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión a quienes impongan el uso del nicab o el burka mediante violencia, intimidación o coacción, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la iniciativa contempla cambios en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para sancionar el uso de estas prendas en espacios públicos y su imposición a menores por parte de padres o tutores. También prevé modificaciones en la legislación de extranjería con el objetivo de que la reincidencia en este tipo de conductas pueda derivar en la expulsión del territorio nacional en el caso de ciudadanos extranjeros.

La iniciativa ha sido rechazada en el Parlamento de Canarias con el voto en contra del resto de grupos parlamentarios y la abstención del Partido Popular, una posición que evidencia la negativa de las formaciones políticas a adoptar medidas para frenar la expansión de prácticas islamistas incompatibles con los valores occidentales y con la igualdad entre hombres y mujeres que reconoce la Constitución Española.

VOX defiende que la propuesta no responde a una cuestión religiosa, sino a la necesidad de preservar la seguridad ciudadana, la dignidad de las mujeres y los principios fundamentales de la convivencia española. La formación considera que el uso del nicab y el burka simboliza una concepción de la mujer incompatible con los valores democráticos y con la igualdad reconocida en la Constitución Española.

“La sociedad española no puede aceptar que se elimine la identidad de las mujeres y niñas de la vida social”, recoge el texto de la iniciativa, que vincula la protección del espacio público con la defensa de la libertad individual y de los derechos fundamentales.

Con esta proposición legislativa, VOX traslada al Parlamento de Canarias un debate que ya ha marcado la agenda política y jurídica de distintos países europeos, situando en el centro de la discusión cuestiones relacionadas con la seguridad, la integración, la identidad cultural y la protección de la dignidad de las mujeres en el espacio público.