La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, ha comparecido este lunes en rueda de prensa en Tenerife para denunciar la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en el archipiélago, el cual, aseguró, ha quedado relegado “a la cola de la sanidad española” por el despilfarro de los gobiernos. Durante el acto, en el que estuvo acompañada por Nicasio Galván Sasia, presidente provincial de VOX en Las Palmas y diputado autonómico, y por Alejandro Gómez, presidente de la formación en la provincia tinerfeña y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, García Fuster ha exigido un cambio radical en las prioridades políticas de la administración.

La portavoz vinculó el deterioro de la sanidad pública tanto a la gestión política de las últimas décadas como a la presión asistencial derivada de la crisis migratoria: “Los canarios están viviendo una situación que no solamente es fruto de la mala gestión, es fruto del colapso que está sufriendo actualmente la sanidad, un colapso que tiene responsables, que es parte la inmigración ilegal, que está colapsando absolutamente todos los servicios”.

Las cifras del “abandono sistemático”

Durante su intervención, García Fuster desgranó los datos que, a juicio de su partido, evidencian un “abandono de años de políticas sanitarias”. Según la portavoz, el sistema público canario mantiene actualmente unas cifras alarmantes. Destacó que más de 32.000 canarios se encuentran en lista de espera quirúrgica, con demoras de “más de 142 días, casi 5 meses para ser operados”. Asimismo, señaló que 143.000 pacientes están pendientes de ser valorados por un médico especialista.

La situación se agrava en centros como el Hospital Insular, donde la espera para pruebas diagnósticas vitales como una endoscopia alcanza el año y medio, “para saber si tienes cáncer o si tienes una úlcera”. A este panorama sanitario se suma el drama social de 8.000 personas dependientes que se encuentran a la espera de una plaza en una residencia, enfrentando una situación de abandono total.

La representante de Vox no solo puso el foco en los pacientes, sino también en el “maltrato constante” a los trabajadores de la salud, asegurando que el Gobierno de Canarias ha logrado poner a todos los profesionales en contra de la administración. Detalló que el estamento de enfermería sufre una “temporalidad brutal” con contratos de días u horas, sin que se apueste por la estabilización de sus puestos. En la misma línea, denunció la inestabilidad laboral y el “ninguneo sistemático” hacia los médicos, sumado a la indignación de los técnicos de transporte sanitario, que llevan dos años con el sueldo congelado, y a las exigencias de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que reclaman desde hace años un reconocimiento personal a su labor.

Gasto en inmigración y el debate sobre el turismo sanitario

Uno de los puntos más polémicos de la comparecencia fue la denuncia sobre el gasto autonómico destinado a la atención de migrantes. García Fuster aseguró que, mientras el sistema roza su límite y los canarios son expulsados de su propio sistema sanitario, el Gobierno de Canarias gastó en 2024 26 millones de euros para atender a la inmigración irregular. Especificó que se atendieron a 729 personas a un coste medio de 35.000 euros cada una, una cifra que tachó de auténtica barbaridad.

Durante el turno de preguntas, al ser cuestionada sobre el impacto de los 18 millones de turistas que visitan anualmente Canarias y el uso que hacen de los recursos sanitarios, García Fuster —quien se definió como “médico de trinchera” tras haber trabajado décadas en hospitales— marcó una clara línea divisoria: “La mayoría de los turistas vienen con seguro médico. Ahora, el turista británico que viene, cuando se le atiende y no tiene un seguro […] se le factura al país la asistencia. Esto ha pasado de toda la vida”.

Frente a este modelo, la portavoz criticó duramente lo que calificó como una invasión migratoria que colapsa los servicios sociales y sanitarios. Además, rebatió los argumentos institucionales que minimizan el impacto de la inmigración en la sanidad y señaló que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, la entrada irregular se ha triplicado, por lo que exigió “cerrar fronteras” de manera tajante para frenar el efecto llamada.

La propuesta de Vox: Abolir la Ley de Sanidad Universal y centralizar competencias

Como medidas centrales para revertir el colapso, Vox propone una recentralización de las competencias en materia de salud. María García Fuster defendió la creación de un “ministerio fuerte, no de cartón piedra con ramificaciones”, que asuma el mando y ordene al resto de las regiones para garantizar que todos los españoles tengan derecho a la misma calidad asistencial.

En paralelo a esta recentralización, planteó la derogación de la normativa vigente que permite el acceso sanitario a las personas en situación irregular, argumentando que fomenta el efecto llamada. “La Ley de Sanidad Universal promulgada por el Gobierno socialista, que abre las puertas de nuestro sistema sanitario a toda la inmigración ilegal […] debe ser abolida, es una ley criminal que está matando españoles porque nos obliga a poner a los españoles los últimos de la cola”.

A modo de conclusión, y preguntada por las soluciones inmediatas para los usuarios afectados en los centros de salud, la portavoz nacional incidió en la necesidad de poner al paciente y al canario en el centro. Según detalló, esto se logra mejorando las condiciones de los profesionales para retener el talento y focalizando los recursos económicos exclusivamente en los ciudadanos nacionales: “Invertir en sanidad, en la sanidad de los españoles, que a la hora de la verdad son los que pagan la sanidad”.