La Fesp recuerda el compromiso adquirido por estas fuerzas políticas durante su etapa en la oposición.
Actualmente, los presupuestos contemplan una partida de casi 400 millones de euros destinadas al mantenimiento de dicho servicio.
UGT denuncia que el nuevo Gobierno de Canarias, formado por fuerzas de izquierdas y de corte progresista, se mantiene en la línea del Ejecutivo de Coalición Canaria, marcada por una fuerte tendencia a la privatización de servicios públicos, como el transporte sanitario. En este sentido Iván Amador, responsable de la sección de Transporte Sanitario de la Federación de Servicios Públicos, ha puesto de relieve que “estas fuerzas mostraron su compromiso de desprivatización en su etapa en la oposición y sin embargo, ahora siguen dando fechas para conocer las ofertas económicas de las empresas interesadas en prestar dicho servicio”.
Desde la Fesp se exige a los responsables políticos que corresponda tomar cartas en el asunto de cara a buscar una solución a corto plazo ya que estamos ante un proceso negociador que se viene desarrollando desde 2018. “Somos conscientes de que este nuevo Ejecutivo no ha cumplido ni los 100 días de gracia pero abordar este tema es vital ya que a día de hoy se siguen derivando cerca de 400 millones de euros a la prestación de este servicio”, ha puntualizado Amador.
UGT Canarias ha sido la fuerza sindical propulsora de la PNL de desprivatización del sector, así como de la contratación acorde a la formación del personal. Propuestas ambas que fueron apoyadas por las fuerzas políticas que actualmente están el Gobierno. “Es que no podemos entender que hace unos meses desprivatizar fuera un ejercicio de responsabilidad y ahora no lo sea”, puntualiza el responsable de la Fesp. Apoyo que, además, manifestaron en reiteradas ocasiones al criticar duramente el claro abandono del sector y la mala gestión existente que no daba, ni da actualmente, una cobertura real a las necesidades de los pacientes ni de los profesionales que prestan el servicio.
Licitaciones anuladas por el TSJC
Desde la organización recuerdan que se ha llegado a esta situación por licitaciones anuladas por el TSJC, en cuya sentencia se establece la nulidad de las mismas al reconocer que fueron adjudicaciones a dedo a empresas que no cumplían con los requisitos económicos exigidos, como el aval o el escándalo de los falsos autónomos.
Servicios que se siguen dando a empresas nombradas “a capricho”, ya que no han pasado un proceso de adjudicación y que han supuesto recortes de unidades y de personal con la consecuente reducción de servicios a pacientes, aumento de lista de espera, pérdidas de derechos laborales y económicos para los profesionales.
Desde la Fesp se recuerda que, durante la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica del proceso de adjudicación, no hay ninguna empresa que haya firmado el actual convenio del sector y, la que lo ha hecho durante la negociación, nunca estuvo conforme con la nueva tabla salarial. “Si analizamos el precio de licitación nos damos cuenta de que esto no se ajusta a la realidad de la prestación del servicio. Esto nos lleva a un callejón sin salida porque poco tardarán las empresas en descolgarse y no aplicar el convenio lo que terminará en tensiones, movilizaciones y posibles huelgas”, ha puntualizado Amador.
UGT recuerda que un modelo público es posible y necesario, y como ejemplo apunta al caso de las Islas Baleares, cuya consejera de sanidad Patricia Gómez (PSIB) ha llevado a cabo la desprivatización de dicho sector.
